Nuestra Ley de Murphy

En mi época de preparatoriano me hice fanático de la Ley de Murphy, aquella que reza “Si algo tiene probabilidades de fallar, fallará”. El viernes la recordé en el aeropuerto de Guadalajara al hojear la revista Transparencia y Corrupción que dirige el experto en medios Ernesto Villanueva.
Nuestro paisano Juan Francisco Escobedo –doctor en ciencias políticas por la Universidad Complutense de Madrid- escribe en el primer número un agudo artículo titulado “Transparencia en Nayarit, un proceso pendular”, en referencia a la nueva Ley vigente desde el 1° de enero de este año, confeccionada sin debate previo por Pedro Enríquez. Pancho es uno de los expertos mexicanos en la materia. Transcribiré algunas partes medulares:

“Nayarit viaja con apuros y confusión en el tren de la apertura informativa gubernamental… Las nuevas reglas no sólo han hecho tabla rasa de la experiencia institucional acumulada en materia de gestión y tutela del derecho de acceso a la información, sino que además introduce elementos regresivos y contrarios al espíritu del nuevo texto del artículo sexto constitucional”.

TODO EL PODER A UNA PERSONA
“Leo con estupor la redacción de los artículos 40, 41 y 46 de la nueva ley (Definen la integración del Consejo del ITAI, con 2 empresarios, un notario y un abogado designados por gremios predeterminados). Es probable que los factores y las presiones que llevaron a redactar de manera tan equívoca estos artículos sean atendibles. Pero lo que no es aceptable, desde ninguna perspectiva, es el nuevo diseño institucional que se le ha impuesto al órgano garante”.
“Dado que la reforma legal en Nayarit no favorece el desarrollo de un órgano garante especializado, no propiciará el ejercicio de las funciones de Estado que deben cumplir los órganos que tutelan este derecho fundamental”.
“Los legisladores locales no han reparado en el hecho de que con la aprobación, sin análisis crítico previo, han trastocado el principio de órgano colegiado simétrico que anteriormente tenía la comisión, para dar paso a un esquema unipersonal en torno del presidente del instituto. Toda la retórica legal que contiene la nueva ley, se debilita ante el esperpento orgánico que se ha creado”.

AHÍ TE HABLAN MIGUEL…
“Hoy en día asistimos a un proceso que tiene frecuencias múltiples, en donde se observan acciones y se registran posiciones incongruentes de parte de funcionarios de los órganos garantes que alertan sobre los riesgos de la transparencia, sobre las incomodidades y problemas que causa el ejercicio de este derecho al funcionamiento de la administración pública. Y ante ello sugieren supervisar el ejercicio del derecho de acceso a la información para evitar que la información obtenida se use de manera irresponsable. Estas opiniones no son aisladas, se engarzan con la tendencia regresiva que sigue creciendo en el país para acotar la apertura informativa gubernamental. Nayarit ya se ha inscrito con la creación de un nuevo diseño institucional en esa tendencia”.

“Es desconcertante advertir cómo algunos funcionarios de órganos garantes, respaldados por actores políticos y autoridades locales y federales, se han convertido en defensores del gobierno, al aceptar pasivamente el desmantelamiento de lo que hasta ahora se había logrado. Con esta actitud están renunciando a la defensa preeminente del derecho a saber de los ciudadanos, para dedicarse a blindar los intereses y criterios de los sujetos obligados”.
Nada hay por agregar a este brillante análisis de Pancho Escobedo. Era una Ley con altas probabilidades de fallar… y está fallando. Es nuestra Ley de Murphy.

DE BUENA FUENTE: Minutos antes de que el Learjet con matrícula XC-LGD cayera el pasado 7 de diciembre en Atlangatepec, Tlaxcala, Víctor Cánovas Moreno y su familia habían descendido de la aeronave en el aeropuerto de Huejotzingo -procedentes de Puerto Vallarta- para dirigirse a su residencia en el exclusivo fraccionamiento Las Fuentes. Como sabemos, Cánovas se desempeña como superasesor del gobernador tlaxcalteca Héctor Ortiz.
En el accidente perdieron la vida el piloto y copiloto. El avión pertenecía al gobierno federal y estaba en calidad de préstamo al gobierno de Tlaxcala desde diciembre del 2006.

Nos leemos mañana.