10 chambas

En apenas 13 días se presentó, “discutió” y aprobó la reforma judicial por virtud de la cual se eleva el número de magistrados de 7 a 17, ante la sorpresa de abogados integrantes del foro local y la decepción de los servidores públicos de la carrera judicial.
Un procedimiento de microondas que permite darle ocupación por –al menos- una década a un grupo de profesionistas bajo criterios endogámicos, de cuotas de poder, pago de servicios y, apenas en dos casos, reconocimiento a la equidad de género y al talento intelectual.
El 4 de diciembre se presenta en 41 fojas la iniciativa de reforma judicial por el diputado Julio Mondragón, iniciativa presumiblemente preparada en Palacio.
El día 8 se dictamina en comisiones del Congreso. Una reforma gigantesca se debatió intramuros en solamente 4 días, sin ideas externas que la criticaran y nutrieran.
El 9 de diciembre se le da primera lectura en la sesión de Pleno.
El sábado 12 –sabadazo- con dispensa de la segunda lectura se aprueba con 28 votos a favor, una abstensión y plausible un voto en contra.
El miércoles 16 el gobernador envía 10 ternas para ocupar las nuevas magistraturas.
El jueves 17 el Pleno conoce los 30 nombres de los abogados propuestos por Ney González y -¡en sesión paralela a la del Pleno!- la Comisión de Gobernación desarrolla una pasarela exprés para designar a 10 de los propuestos bajo el muy mexicano esquema del “tamal amarrado”.
Ese mismo día por la tarde se les tomó protesta a Miguel Madero, Manuel Salinas, Pedro Álvarez, Román González Momita, Pedro Enríquez Soto, Rafael Pérez Cárdenas, Ismael González Parra, Ana Isabel Velasco, Thoth Aldrin Lomelí y alguien más que es para mí y muchos más un perfecto desconocido.

UNA SUBSECRETARÍA ORTODOXA
Este hecho sintetiza un rasgo sexenal en el que no se pudo –o no se quiso- dejar atrás la ortodoxia, a diferencia de otras actividades institucionales.
Tanto el modelo de producción legislativa como el tipo de relación Ejecutivo-Legislativo se han operado con las ideas escleróticas de los 70 y 80.
Lamentable es que los operadores que le han servido a Ney González en la planta alta de Palacio no hayan reparado en los casi 8 años de vida parlamentaria que desplegó el gobernador entre 1990 y el 2002. Pudieron haberle diseñado un mejor mecanismo de auscultación social para preparar y nutrir la agenda de iniciativas de reforma a las leyes locales.
Nada de eso aconteció. Reinó la inercia. El marco legal se modificó a partir de un trabajo de escritorio, ocasionalmente maquillado con los antiquísimos foros de consulta –en plena era de la Web 2.0- y sin el más mínimo intento de legitimación por parte de las Legislaturas 28 y 29. Los albazos, madruguetes y decretos al vapor ha sido la constante.
De ahí que esa “nueva arquitectura constitucional” de la que se habla en los informes gubernamentales sea un tema ajeno aún a los grupos de interés o de presión, cuanto y más a la sociedad desorganizada.
Olímpicamente Roberto Lomelí, primero y luego Pedro Enríquez, desdeñaron los criterios académicos que postulan la idea del Derecho eficaz, de leyes legitimadas, de normas construidas con una amplia participación social, que permiten que el Derecho se convierta en hecho. Optaron, en cambio, por calcar leyes ajenas, el “copy and paste” pues, como antes, como siempre.

CHULADA DE REFORMA: BENEFICIARIOS
Entre las innovaciones que tendremos ahora figura la creación de una sala Constitucional-Electoral con 5 magistrados, extrapolada mecánicamente de entidades pioneras como Veracruz, Tlaxcala o Chiapas, cuya pertinencia es altamente cuestionable, pues el hecho de legislar a la antigüita nos deja a los ciudadanos en el desconocimiento del impacto presupuestal de tal medida. ¿Cuánto nos van a costar a los nayaritas los poquísimos juicios de control constitucional que se van a presentar?
Igualmente la iniciativa equipara a Nayarit con Jalisco, entidades diametralmente opuestas en extensión y población, pues se apoya injustificadamente en la idea de la descentralización la justicia impulsando una estructura regional, cuando se supone que el “gobierno constructor” de Ney González acerca a los ciudadanos con las nuevas carreteras y autopistas.
Y, legislando en lo particular, esta iniciativa hecha por cuates para los cuates, permite ahora que los magistrados puedan recibir remuneración cuando se dediquen a actividades docentes. Esto es, cobrar la quincena en el Tribunal y por la tarde cobrar la quincena en la UAN. ¡Ajúa!
Poco beneficio encontrará el ciudadano común en este nuevo marco legal, pues en definitiva no se vislumbra que se acorten los plazos actuales para obtener una sentencia.
Al estilo del texto “A la puerta de la Ley” de Héctor Fix Fierro, bueno sería que los 3 poderes hicieran un cómputo del tiempo que tarda en Nayarit un ofendido en encarcelar a su agresor, o un padre de familia en obtener el pago de un bien materia de una compraventa, o –pan nuestro de cada día- en cobrar un cheque botador. Esos sí son un problema generalizado, no así la necesidad de tener juicios de protección de derechos fundamentales, un tema de la Academia indebidamente llevado a la agenda legislativa local.
Ninguno de los dramas cotidianos que se viven en muchos hogares encontrará solución con el nuevo marco legal concebido y aprobado en 13 días.
Es una reforma no debatida que concede 10 chambas, nada más.

DE BUENA FUENTE: Dice la SEP que hay 6 municipios en Nayarit cuyas escuelas de nivel básico se encuentran expuestas a factores de violencia, delincuencia y adicciones. El listado nacional es de 305 municipios en donde la integridad de la comunidad escolar es vulnerable.