43.1 millones, ¿Para qué?

Hay problemas presupuestales en el 2010, según lo que deslizó Roberto Mejía, el Secretario general de Gobierno, al inicio del período ordinario de sesiones del Congreso la semana pasada. Se advierten dificultades para cubrir el costo de la reforma judicial de diciembre, esa que incrementó de 7 a 17 el número de magistrados, leo en las columnas de Guillermo Aguirre y Jorge Vargas.
A finales de enero el Consejo de la Judicatura del Tribunal Superior de Justicia determinó que para hacer frente al incremento de la burocracia judicial necesitaría una ampliación de 48.3 millones de pesos en este año, de los cuales 43.1 millones son para pagar sueldos y oficinas de los 10 magistrados y su personal de apoyo (10 secretarias y 30 ¿o 40? proyectistas). El resto, 5.2 MDP son para liquidar incrementos y prestaciones al personal de base.
Lo peor del asunto es que uno de los ejes de la “reforma judicial” aprobada el 17 de diciembre por los diputados locales es que los nayaritas tendremos una sala de justicia constitucional local. Y algo que los diputados nunca supieron fue que la experiencia en México en esa materia es tremendamente árida. De ahí que valga la pena preguntarse si no cometieron un error al dar su voto en el pleno a una materia que no resuelve problemas de convivencia social.

14 JUICIOS RESUELTOS Y ¡1 SOLO AMPARO LOCAL!
Según la estadística del doctor Julio Bustillos investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM sobre la eficacia de la justicia constitucional local en el siglo XXI, del 2000 a junio del 2008 apenas se resolvieron de fondo ¡14 míseros asuntos! en 20 estados con medios de control constitucional. Otros 19 se sobreseyeron o desecharon en el mismo período.Solamente 6 de 20 estados registraron práctica jurisdiccional en la materia y el 50% de los asuntos se desahogaron en Coahuila, es decir, otros 7 casos se esclarecieron mediante sentencia en 5 estados más. La justicia constitucional local es una entelequia, un mito, un entretenimiento académico. En la calle, la gente no la necesita.
Solo hay ¡un sólo caso! de amparo local (en Tlaxcala, ganado por un funcionario que se quejó de desalojo de su centro de trabajo). ¿Para qué crear esta figura en Nayarit si en la praxis nacional ha sido olímpicamente desdeñado? Quizá a los diputados les gustó la argumentación contenida en la iniciativa que presentó formalmente Julio Mondragón el 4 de diciembre en este renglón: “El juicio de protección de derechos fundamentales debe convertirse en un instrumento popular, para que cualquier ciudadano afectado exija ante la Sala Constitucional la restitución del derecho violado”. Pamplinas. Está acreditado que los amparos locales no sirven.
El doctor Bustillos, quien hace las veces de “aguafiestas” de los académicos en los Congresos sobre este tema, documentó también lo burocratizado que nació esta actividad jurisdiccional. El promedio que demoran los juicios constitucionales locales es de ¡256 días! De ahí que los casos presentados y resueltos en los últimos años en todo el país sean realmente pocos: 2004, 1; 2005, 1; 2006; 6; 2007; 6. No hay interés institucional ni de particulares en estos mecanismos.

TUTELAR LA CONSTITUCIÓN LOCAL ¿PARA QUÉ?
Nayarit se embarca en esta aventura a partir de meras especulaciones teóricas sin un ápice de reflexión sociológica (conexión con la realidad). Seguramente el autor real de esta reforma –Pedro Antonio Enríquez Soto- ocultó en sus tarjetas informativas la inoperancia de estas salas en los Tribunales de otras entidades. Operó para que la aprobaran a ciegas.
Hoy que las familias de frijoleros están en la antesala de una severa crisis de ingresos, o que se sabe que uno de los problemas estructurales de la seguridad pública son las bajas percepciones de los policías y agentes ministeriales, se antoja un absurdo abuso que un sistema de tutela de la Constitución no pedido por nadie –ni por justiciables, ni por litigantes, ni por los gremios de letrados, ni por la burocracia judicial- nos vaya a costar este 2010 43 millones 100 mil pesos.
En 2011 la escasa productividad de la sala constitucional del Tribunal local se convertirá en un “boomerang” para criticar al sexenio, y en especial a la 29 Legislatura, pues en una circunstancia de crisis presupuestal, llevar a los hechos la tesis doctoral de Pedro Enríquez será una pesadilla cara, con severos costos políticos.
Nadie se preocupará en los meses siguientes en presentar una demanda de amparo local, serán poquísimas –quizá ninguna- las controversias constitucionales o las acciones de inconstitucionalidad.
A los diputados los llevaron al baile con esta reforma. Ni supieron lo que aprobaron.
Rigoberto Ochoa Zaragoza hizo un buen dibujo de lo que es en realidad la Constitución local: “Un documento que los aspirantes a ser candidatos consultan cada 3 años”. ¿Para qué destinarle entonces una millonada que sí se necesita en otros ámbitos?

DE BUENA FUENTE: Interesante reto plantea el Tec de Monterrey en el renglón de “competitividad turística” pues según su índice presentado ayer, todas las entidades del país –excepto Quintana Roo- obtiene un puntaje reprobatorio en función del potencial que tienen en la industria sin chimeneas. En estos días lo comentaremos. Por cierto Nayarit no aparece en los 5 mejores lugares.