Veredicto unánime: "El incendio fue intencional"

Algo pasa. Se difunde la noticia de un incendio en el almacén de la Secretaría de Salud y el veredicto inmediato en redes sociales es lapidario: fue provocado para cubrir excesos inconfesables. Igualmente en el mundo virtual es un espacio para la condena generalizada. Y para la irritación.

Pronto, sueltan nombres. Funcionarios responsables de las adquisiciones en esa dependencia aparentemente se enriquecieron en el cargo. Incluso, aseguran que uno de ellos, Francisco Javier Rubio Montoya –suplente, por cierto, del diputado Roberto Lomelí- compró una casa en Estados Unidos.

La unanimidad de los posteos me sorprende. Nadie, ninguno de los funcionarios de la Secretaría de Salud, ni de la Contraloría estatal, atina a defender la transparencia de las licitaciones y compras institucionales. La imagen gubernamental, al garete.

Si la percepción sobre el manejo de recursos ahí era mala, el incendio de ayer se convirtió en la pieza del rompecabezas que faltaba para que, ahora sí, nadie tenga dudas en afirmar que las cosas no se hicieron bien.

Mientras que en el centro de la ciudad el gobernador Ney González anunciaba la creación del Colegio de Bachilleres, que viene a fortalecer la muy buena oferta educativa que tienen a su alcance los jóvenes nayaritas, toda la atención la jaló el tema de los archivos quemados. A pocos les interesó saber un poco más de la noticia educativa.

DEMASIADO TARDE

La honestidad institucional es un atributo que se gesta mediante el manejo de percepciones. Y es evidente que ni la transparencia, ni la modernización administrativa, ni el combate a la corrupción tuvieron alta prioridad en la agenda del gabinete.

Hace varios años Ney socializaba una idea que, de haberse instrumentado, estaría hoy incidiendo en el juicio histórico sobre su sexenio. Deseaba que cada cheque emitido por su gobierno se fuera subiendo, en tiempo real, a los portales web. Ninguno de sus funcionarios le tomó la palabra.

Tuvo que ser un agudo usuario de redes sociales, el abogado Juan Manuel Treviño, quien por la mala, difundiera datos de pólizas de cheques y facturas tramitadas, documentos que –además- son información pública de acuerdo a la Ley de Transparencia.

Ayer las suspicacias tuvieron un festín. ¿Qué tenían los documentos del archivo calcinado? En realidad nadie sabe, pero todos dan a entender que guardaban operaciones de medicinas compradas a sobreprecio (algo, incluso documentado por la Auditoría Superior de la Federación) o de otro tipo de adquisiciones que dejaron utilidades ilegales a más de algún servidor público.

Justo en medio de una crisis política, salta al debate local otro tema en el que queda clara cuál es la percepción.

Viene la feria, las designaciones de candidatos, la campaña, los litigios postelectorales, las tomas de posesión y los anuncios de las nuevas autoridades. No queda ya tiempo para que los funcionarios de Ney operen un control de daños o alguna estrategia emergente. Ya no.

De gestarse en las urnas un escenario de alternancia política, seguramente eventos como el incendio de hoy están detonando ya un ánimo de fincamiento de responsabilidades en los grupos políticos que pretenden llegar al poder al margen de los proyectos de continuidad transexenal.

No va a ser fácil para muchos funcionarios la noche del 3 de julio. Sufrirán si el resultado en los comicios no es el que desean.

DE BUENA FUENTE: La marcha de ayer deja en claro que no será difícil resolver la encrucijada de la designación del candidato del PRI a la gubernatura. Lo cierto es que tal y como se han desacomodado las cosas, parece que ninguna solución mantendrá unido al PRI. Toda decisión tendrá costos.