En marzo del 2009 el ICESI encuestó en Nayarit y en todo el país y aquí encontró que apenas 33 por ciento de los habitantes consideraban a nuestra entidad como “insegura”, el porcentaje más bajo del país. El estudio, que tiene un 95 por ciento de confianza, determinó que 85 de cada 100 defeños consideran insegura a la capital del país. En orden decreciente sigue Chihuahua con el 83%, el Estado de México y Baja California con 76% y un punto abajo Durango, con 75. En 2008, eran 35 de cada 100 nayaritas los que se sentían inseguros.
Ante la molestia de los gobernadores, el ICESI –una asociación civil especializada en inseguridad pública presidida por Luis de
La semana pasada este Instituto entregó sus resultados, producto de una encuesta nacional aplicada en agosto del 2010. En apenas 17 meses el porcentaje de pobladores de Nayarit mayores de 18 años que perciben inseguro al estado creció el doble.
Hoy, 67.8% de los entrevistados consideran que Nayarit es inseguro, un dato que supera la media nacional ubicada en 65 por ciento, la cual es idéntica a la detectada por el ICESI en 2009. Dejamos de ser el estado líder para entrar al “top ten” de entidades calificadas como inseguras por sus moradores.
DEJAR HACER, DEJAR PASAR
Esta percepción que condiciona e impacta el cierre del sexenio es producto de varios años de preeminencia de los criterios ortodoxos en materia de seguridad pública. Se endosó el poder de las corporaciones a personas formadas en los tradicionales ambientes de corrupción y pactos con los grupos delictivos.
Lamentablemente nunca se agendó un proyecto modernizador que diera resultados. En estos días nadie recuerda una hazaña titánica de las policías nayaritas. Ni una detención plausible, o un golpe magistral producto de investigaciones profesionales. Nada. Predominó la inercia. Lo de antes.
El lunes pasado Gerardo Laveaga, Director del Instituto Nacional de Ciencias Penales, comentó en Twitter la postura de resistencia que comento: “Converso con autoridades de Nayarit y me dicen que el sistema acusatorio fracasará; que el actual sistema es mejor. Pero, al ver las cifras, descubro que, en lo que va del año, Nayarit no ha resuelto ninguno de sus más de 400 homicidios... ¿se puede estar peor con el nuevo sistema?”.
Los operadores de la agenda jurídica estatal –Pedro Enríquez, Manuel Salinas, Miguel Madero- optaron por darle rienda suelta a la imaginación y proponer “soluciones” a problemas que no existían en las calles. Ni la constitucionalización de los programas sociales, ni esa entelequia del “amparo local”, ni el obeso Pleno de 17 magistrados, constituyeron avances apreciados por la población.
En el tema de moda, cometieron el error de confeccionar una ley estatal de seguridad pública que difirió a fines del sexenio y, en varios aspectos, al próximo gobernador, acciones para depurar cuerpos policíacos. Dejaron para el futuro las soluciones que urgen hoy.
Queda poco, pero creo que aún se puede hacer algo por revertir la percepción vigente. No sólo la que tiene que ver con la idea de la inseguridad, sino –cuando menos- con la de la impunidad de los malos elementos.
Lo que está en juego con ese tipo de porcentajes obtenidos por el INEGI es, ni más ni menos, el sitial que tendrá esta administración en la historia.
DE BUENA FUENTE: La orden de presentación que agentes federales entregaron a Luis Manuel Becerril Mina, Director de Seguridad Pública del municipio de Bahía de Banderas, sacó a flote –una vez más- el viejo expediente de las injerencias políticas en las administraciones municipales.
No son pocos los que piensan que el alcalde Héctor Paniagua debe nombrar a un funcionario probo, desligado de la influencia de algunos funcionarios de otro orden de gobierno interesados en mantener una red de complicidades.
Y, no estaría mal, que en otros ámbitos las autoridades revisen los pendientitos con la justicia de algunos altos funcionarios, egresados de esa noble y acreditada institución: la extinta policía judicial federal.
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