43.1 millones, ¿Para qué?

Hay problemas presupuestales en el 2010, según lo que deslizó Roberto Mejía, el Secretario general de Gobierno, al inicio del período ordinario de sesiones del Congreso la semana pasada. Se advierten dificultades para cubrir el costo de la reforma judicial de diciembre, esa que incrementó de 7 a 17 el número de magistrados, leo en las columnas de Guillermo Aguirre y Jorge Vargas.
A finales de enero el Consejo de la Judicatura del Tribunal Superior de Justicia determinó que para hacer frente al incremento de la burocracia judicial necesitaría una ampliación de 48.3 millones de pesos en este año, de los cuales 43.1 millones son para pagar sueldos y oficinas de los 10 magistrados y su personal de apoyo (10 secretarias y 30 ¿o 40? proyectistas). El resto, 5.2 MDP son para liquidar incrementos y prestaciones al personal de base.
Lo peor del asunto es que uno de los ejes de la “reforma judicial” aprobada el 17 de diciembre por los diputados locales es que los nayaritas tendremos una sala de justicia constitucional local. Y algo que los diputados nunca supieron fue que la experiencia en México en esa materia es tremendamente árida. De ahí que valga la pena preguntarse si no cometieron un error al dar su voto en el pleno a una materia que no resuelve problemas de convivencia social.

14 JUICIOS RESUELTOS Y ¡1 SOLO AMPARO LOCAL!
Según la estadística del doctor Julio Bustillos investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM sobre la eficacia de la justicia constitucional local en el siglo XXI, del 2000 a junio del 2008 apenas se resolvieron de fondo ¡14 míseros asuntos! en 20 estados con medios de control constitucional. Otros 19 se sobreseyeron o desecharon en el mismo período.Solamente 6 de 20 estados registraron práctica jurisdiccional en la materia y el 50% de los asuntos se desahogaron en Coahuila, es decir, otros 7 casos se esclarecieron mediante sentencia en 5 estados más. La justicia constitucional local es una entelequia, un mito, un entretenimiento académico. En la calle, la gente no la necesita.
Solo hay ¡un sólo caso! de amparo local (en Tlaxcala, ganado por un funcionario que se quejó de desalojo de su centro de trabajo). ¿Para qué crear esta figura en Nayarit si en la praxis nacional ha sido olímpicamente desdeñado? Quizá a los diputados les gustó la argumentación contenida en la iniciativa que presentó formalmente Julio Mondragón el 4 de diciembre en este renglón: “El juicio de protección de derechos fundamentales debe convertirse en un instrumento popular, para que cualquier ciudadano afectado exija ante la Sala Constitucional la restitución del derecho violado”. Pamplinas. Está acreditado que los amparos locales no sirven.
El doctor Bustillos, quien hace las veces de “aguafiestas” de los académicos en los Congresos sobre este tema, documentó también lo burocratizado que nació esta actividad jurisdiccional. El promedio que demoran los juicios constitucionales locales es de ¡256 días! De ahí que los casos presentados y resueltos en los últimos años en todo el país sean realmente pocos: 2004, 1; 2005, 1; 2006; 6; 2007; 6. No hay interés institucional ni de particulares en estos mecanismos.

TUTELAR LA CONSTITUCIÓN LOCAL ¿PARA QUÉ?
Nayarit se embarca en esta aventura a partir de meras especulaciones teóricas sin un ápice de reflexión sociológica (conexión con la realidad). Seguramente el autor real de esta reforma –Pedro Antonio Enríquez Soto- ocultó en sus tarjetas informativas la inoperancia de estas salas en los Tribunales de otras entidades. Operó para que la aprobaran a ciegas.
Hoy que las familias de frijoleros están en la antesala de una severa crisis de ingresos, o que se sabe que uno de los problemas estructurales de la seguridad pública son las bajas percepciones de los policías y agentes ministeriales, se antoja un absurdo abuso que un sistema de tutela de la Constitución no pedido por nadie –ni por justiciables, ni por litigantes, ni por los gremios de letrados, ni por la burocracia judicial- nos vaya a costar este 2010 43 millones 100 mil pesos.
En 2011 la escasa productividad de la sala constitucional del Tribunal local se convertirá en un “boomerang” para criticar al sexenio, y en especial a la 29 Legislatura, pues en una circunstancia de crisis presupuestal, llevar a los hechos la tesis doctoral de Pedro Enríquez será una pesadilla cara, con severos costos políticos.
Nadie se preocupará en los meses siguientes en presentar una demanda de amparo local, serán poquísimas –quizá ninguna- las controversias constitucionales o las acciones de inconstitucionalidad.
A los diputados los llevaron al baile con esta reforma. Ni supieron lo que aprobaron.
Rigoberto Ochoa Zaragoza hizo un buen dibujo de lo que es en realidad la Constitución local: “Un documento que los aspirantes a ser candidatos consultan cada 3 años”. ¿Para qué destinarle entonces una millonada que sí se necesita en otros ámbitos?

DE BUENA FUENTE: Interesante reto plantea el Tec de Monterrey en el renglón de “competitividad turística” pues según su índice presentado ayer, todas las entidades del país –excepto Quintana Roo- obtiene un puntaje reprobatorio en función del potencial que tienen en la industria sin chimeneas. En estos días lo comentaremos. Por cierto Nayarit no aparece en los 5 mejores lugares.

Pregunta sin respuesta: ¿Y el Observatorio Ciudadano?

Otra vez la molestia de muchas familias nayaritas se mostró este fin de semana. Cientos de voces se unieron –redes sociales, llamadas vía celular, mensajes de texto, charlas virtuales- para expresar enfado, inconformidad, condena, contra la violencia arraigada ya en Tepic. Y es que estos foros informales son el único cauce posible para fluir. La negligencia oficial les negó la posibilidad de tener un foro institucional para conocer y opinar sobre los temas de la seguridad pública: el observatorio ciudadano.
Este era su fin, ser un “ente social encargado de vigilar y auditar las acciones en materia de seguridad publica. Integrado por el rector de la Universidad Autónoma de Nayarit, director del Instituto Tecnológico de Tepic, cámaras empresariales y clubes de servicio”.
Nadie ha dicho una palabra sobre las causas del por qué no se instaló esta instancia durante estos últimos 15 meses. Silencio total. Los funcionarios aparentemente responsables de operar su integración y funcionamiento están ya en otras responsabilidades: una es legisladora, otro es magistrado, un tercero es Secretario de despacho y el último está en tareas de educación superior.

BOMBOS Y PLATILLOS
Lo increíble del caso fue la tremenda difusión que se le dio tanto al macro Acuerdo estatal para el fortalecimiento de la seguridad pública del 26 de noviembre del 2008, como específicamente a la creación de un Observatorio Ciudadano. Según mis cuentas se produjeron 17 boletines temáticos oficiales –ciertamente, un exceso- en 2 días, algunos titulados así: “Necesario conservar a Nayarit como estado seguro: Gobernador Ney González”; “En vigor, Acuerdo Estatal para Fortalecimiento de la Seguridad Pública”; “Oportuna la conformación y puesta en marcha de un observatorio ciudadano: COPARMEX”; “En Nayarit los jóvenes tienen derecho a madurar sanamente: Ney González”; “Insta Director de ITT a sumarse a la cruzada por la seguridad”; “Todos ponemos nuestra parte en el acuerdo para la seguridad: TSJ”; “Estamos listos para participar: FEN”; “Sumar esfuerzos para mejorar seguridad: María Ventura Espinosa”; “Acuerdo para seguridad, acierto del Gobernador Ney González”; “La Marina colabora en el Acuerdo Estatal de Seguridad”; “Ambiente de seguridad y orden en Nayarit: Zepeda Carrillo”; y Nayarit, un estado seguro y de trabajo: José Luis Bernal Valenzuela”.
En uno de esos comunicados un adivino líder de la COPARMEX, Eduardo Ruelas, parecía vaticinar: “…porque perdería su objetivo si únicamente comparecemos a una firma y no se le da el seguimiento que todos buscamos”.
Y así pasó. Fue un error no procesar los 42 compromisos de este Acuerdo, como también es hoy otro yerro el autismo con el que se asume este asunto, como si fuera tema tabú. En contraste, en materia de salud, el gobernador Ney González ha optado por la transparencia informativa, difundiendo con inmediatez los datos oficiales sobre dengue e influenza.

¿SIMPLE DESCUIDO? ¿FALTA DE VOLUNTAD?
Según el especializado Instituto para la Seguridad y la Democracia (INSYDE A.C.) un observatorio ciudadano tiene como fin realizar el “monitoreo de resultados e incidencia” por las instancias comprometidas en un Acuerdo como el que se firmó hace 15 meses en Tepic, y tiene como componentes la “participación ciudadana; corresponsabilidad y rendición de cuentas a la ciudadanía”.
Este organismo identifica 8 condiciones para su funcionamiento, quizá la más importante la “Voluntad política y económica entre autoridades de Estado y organismos involucrados”.
Aún a destiempo, sumarnos a la tendencia nacional sería una buena reacción, sobre todo porque el mes que entra se llevará a cabo la encuesta nacional conocida como “termómetro del delito” y en la que Nayarit tuvo el mejor resultado en todo el país en el indicador de la percepción ciudadana sobre menor inseguridad. Tengo la impresión de que a nivel gubernamental hace falta hacer más, por ejemplo, permitir que el Procurador Oscar Herrera renueve a los mandos medios y superiores de su dependencia.
Difícilmente se repetirá ese sitial de honor este 2010. En un año la situación local cambió dramáticamente. Y –hay que reconocerlo- varios funcionarios cooperaron con omisiones graves para que así fuera.
Somos muchos los que seguimos sin entender las causas por las que el gabinete dejó en el olvido el Acuerdo del 26 de noviembre del 2008. No nos explicamos por qué el Observatorio Ciudadano tuvo muerte prematura.

DE BUENA FUENTE: La página 6 del Meridiano del viernes 19 es ilustrativa de las diferencias entre las instituciones nayaritas y las del DF. “Remueven a magistrado por cobrar doble” es el título de la nota sobre la remoción e inhabilitación del magistrado electoral del DF Miguel Covián Andrade, por cobrar –adicionalmente a su sueldo oficial- un salario como investigador en el CONACYT.
Aquí, lamentablemente, los diputados locales aprobaron en diciembre una reforma al artículo 90 que permite que los nuevos magistrados cobren su quincena en la UAN. Quien preparó la iniciativa –presumiblemente Pedro Enríquez Soto, uno de los beneficiarios- los llevó al baile sin explicarles el trasfondo de esta modificación.

DE BUENA FUENTE 2: Todo apunta a una solución "casera" en la designación del nuevo Presidente del ITAI para los próximos 3 años (recordemos que ya Miguel Madero estuvo 2 de los 5 para los que fue designado), pues de los 7 registrados los diputados aparentemente se decantarán por alguno de 2 funcionarios legislativos: Alejandro Talavera, Director Jurídico del Congreso, o Raúl Rosales, Director Jurídico del Órgano de Fiscalización Superior.

En ambos casos se trata de perfiles institucionales, sin embargo, parece que es mejor momento para Rosales pues además de ser autor de un libro sobre administración pública local, en el caso de Talavera se percibe que la cuota de poder con los gremios de abogados ya se pagó, con el otorgamiento de una magistratura en el Tribunal Administrativo a Martín Mayorga.

En caso de que alguno de ellos sea el afortunado, tendrán que luchar contra un hándicap en contra, pues ambos se desempeñaron -uno formalmente, otro de facto- junto a Manuel Salinas y Pedro Enríquez como arquitectos de muchas reformas legales y constitucionales en este sexenio, esas que se operaron en fast track y sin legitimación social, por lo que sus credenciales profesionales estarían un tanto cuestionadas.

Transparencia para "dummies"

O, guía para aspirantes a presidir el ITAI

De acuerdo a lo que he escuchado estos días, muchos de quienes aspiran a ser evaluados por el Congreso para fungir como Presidentes del ITAI nunca en su vida han presentado una solicitud de acceso a la información pública. Ignoran pues las vicisitudes que experimenta un ciudadano nayarita interesado en abrir los archivos públicos.
De ahí que, para que no pasen penas al momento de la entrevista por la Comisión legislativa correspondiente, conviene que se empapen del “abc” de la transparencia en Nayarit.
1-El ITAI es un “Frankenstein” local hecho al margen del “Código de Buenas Prácticas para el Diseño de Leyes de Transparencia y Acceso a la Información Pública en México” encomendado por el IFAI (Instituto Federal de Acceso a la Información Pública) al Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y el Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE), con la colaboración de estudiosos como Jorge Carpizo, Miguel Carbonell, Héctor Fix y Mauricio Merino, entre otros. Este documento rector, presentado el 24 de octubre del 2007, recomienda que los órganos garantes en los estados sean colegiados, con 3 o 5 miembros.
2-La nueva Ley de Transparencia (que modificó la integración del ITAI) se aprobó en la anterior Legislatura sin el voto a favor del PAN ni del PRD. Solamente hubo 18 votos del PRI y el voto del diputado independiente Manuel Borrego. Nació deslegitimada, por las aberraciones contenidas. Pudo más la documentada argumentación en contra de la entonces diputada Gricela Villa que el precario cabildeo de Pedro Enríquez Soto, Director Jurídico del Gobierno estatal a finales del 2007.
3-Entre las ventajas de la Ley vigente destaca la obligación de los partidos políticos para transparentar las prerrogativas que reciben del erario estatal; el otorgamiento de facultades al ITAI para aplicar las sanciones previstas en la Ley de Responsabilidades; el incremento de 17 a 27 rubros que oficiosamente deberán transparentar las dependencias en sus portales de Internet (incluyendo estadísticas sobre las averiguaciones previas de la Procuraduría, las sanciones disciplinarias aplicadas a los funcionarios judiciales identificados por su nombre, o los anteproyectos de leyes o reglamentos); y destacadamente, la posibilidad de presentar solicitudes de información orales.

LA TRISTE GESTIÓN DE MADERO: OPACIDAD Y HERMETISMO
4-Uno de los aspectos más deleznables en la actuación del ITAI, fue que de manera oficiosa su extitular Miguel Madero condicionó la admisión de los recursos de revisión interpuestos vía Internet a la ratificación personal en la sede del organismo. Esto es una práctica intimidatoria, pues obligaba a los cibernautas que no residen en Tepic, a trasladarse para hacer la ratificación en 3 días hábiles. El artículo 72 de la Ley dice sabiamente que la exigencia de la firma podrá ser dispensada cuando el recurso se presente vía Internet. Esta incomodidad provocó que muchos expedientes en el ITAI se archivaran como asuntos legalmente concluidos, debido a la imposibilidad material del recurrente para trasladarse de otras ciudades a Tepic en tan breve plazo.
5-Otro aspecto que nunca funcionó fueron los documentos relativos a 31 rubros diversos que deben publicitarse oficiosamente por ser “información fundamental”, según el artículo 10. Para ejemplo baste citar el listado de viáticos, gastos de representación y alimentación de los servidores públicos, que no aparece en ningún portal institucional.
6-El pendiente más importante es la operación al 100 por ciento del sistema INFOMEX, la ventanilla virtual única para que los particulares realicen sus solicitudes de información, pues hasta la fecha apenas 3 ayuntamientos se han incorporado (Tuxpan, Compostela y Bahía de Banderas) y los Poderes Legislativo y Ejecutivo, además de la UAN, la Comisión de Derechos Humanos, el Instituto Electoral, el CECYTEN y el propio ITAI. Urgente debe ser anexar al Poder Judicial y los Ayuntamientos de Tepic y Santiago Ixcuintla.
7-El reto cualitativo más trascendente del ITAI es, sin duda, revertir la tendencia a favor de la opacidad y el hermetismo patrocinada por los criterios de Miguel Madero actuando sin contrapesos, pues mientras que en la primer etapa de la Comisión de Transparencia del 2005 al 2007 –funcionando colegiadamente- en el 64 por ciento de los recursos ordenaban la entrega de información al solicitante, en 2008 y 2009 este porcentaje se redujo apenas al 43 por ciento. Es decir, es clara mayoría la de los casos en los que el ITAI de Madero favoreció a la autoridad y no a los particulares en las controversias arbitradas.

DE BUENA FUENTE: Que son 92 millones de pesos los que deberá reintegrar el estado de Nayarit a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes por subejercicio, reporta la Auditoría Superior de la Federación en el informe de resultados 2008. ¿Alguien no hizo la parte que le correspondía?

DE BUENA FUENTE 2: El líder de la Central Campesina Cardenista, Max Agustín Correa Hernández, embistió a 8 delegados federales de SEDESOL, entre ellos Rita María Esquivel Reyes, de Nayarit, por reportar ausentismo en sus funciones y no atender la demanda campesina en los programas Vivienda Rural y Tu Casa.

DE BUENA FUENTE 3: Quien podría dar un campanazo en estos días es Roberto Sandoval, pues se le menciona como uno de los posibles sustitutos de Jesús Vizcarra –alcalde de Culiacán- en la FENAMM (Federación Nacional de Municipios de México), organización que aglutina a más de mil 500 alcaldes del PRI. También se menciona a los ediles de Ecatepec y de Puebla.

Un Pacto por la seguridad

Ayer escuché a un amigo, un profesional con larga trayectoria en instituciones de gobierno, hablar por primera vez de algo que flota en el ambiente local como una necesidad: un Pacto.
El problema no es que muchos pensemos igual; creo que somos mayoría los que quisiéramos un mejor nivel de diálogo y debate en nuestras autoridades. Y de tolerancia cuando se les critica. La bronca es cuando los protagonistas de la vida pública nayarita creen que no deben modificar su conducta. Que están haciendo lo correcto, pues.
Justo cuando la percepción de que la inseguridad llegó se ha generalizado, sepultando la tesis de los “casos aislados”, otra vez se hace presente la antipolítica: el chismarajo, los dimes y diretes, el mitote.
Todo este lamentable escenario pasa cuando los nayaritas viven un momento inédito de violencia. Las historias que nuestros conocidos platicaban sobre Culiacán o Tijuana son similares a las que contamos ahora acerca de lo que pasa en nuestras calles.
Se antoja ideal el clima como para que autoridades y políticos de todos los partidos venzan sus fobias y acuerden sumarse a un esfuerzo para no politizar la situación, para no adelantar campañas, para dejar de agredirse por un tiempo, para hacer sinergia contra el crimen.

SUPERAR FOBIAS, ¿IMPOSIBLE?
En un pacto –hay que leer a los teóricos de estas negociaciones, como Daniel Montero Zendejas- todos ceden algo, a cambio de un beneficio colectivo.
De entrada, el mayor esfuerzo recae en la autoridad, pues es la que tendría que convocar a un concurso de voluntades de este tipo. Ya lo hizo antes, infructuosamente, recordemos. Hay desconfianza por la inutilidad del Acuerdo para fortalecer la Seguridad Pública del 26 de noviembre del 2008. 42 compromisos incumplidos en su mayoría.
Tiene una ventaja el gobernador Ney González en un escenario de este tipo: el perfil de su Secretario General de Gobierno, Roberto Mejía, para operar –por ejemplo- la suma de la diputada federal Martha Elena García a un eventual Pacto.
¿Se imaginan el impacto que tendría entre los seguidores de todas las corrientes políticas y sociales, ver al gobernador y a la diputada perredista -entre otros líderes nayaritas- suscribiendo un Pacto para superar la crisis de inseguridad?
En las familias de Nayarit está germinando un malestar con la situación que se vive en las calles. Al margen de las acciones gubernamentales, flota la percepción de que los políticos ni siquiera en esta vez se deciden a vencer fobias, pues aparentemente se acusan unos a otros, como en los mítines de campaña.
No pocos creemos que el movimiento del “Cómo Sí” –inicialmente concebido como una campaña en pro del pago de impuestos- se transformó en una marejada de estigmatización y compactación de los no alineados: panistas, perredistas, abstencionistas, robertistas, gerardistas y demás. Nunca imaginé que ese eslogan engendraría otro, el del “Cómo nó”.
Así, se percibe a Ney González como director técnico de un equipo, pero los jugadores de otros equipos, y también los que están en las gradas, quisieran verlo como árbitro, en la respetada imparcialidad de la autoridad.
Y es en esa calidad en la que podría (o ¿debería?) dar un paso cualitativo en la historia contemporánea de Nayarit, para convocar a un Pacto de Unidad, para que los del “Cómo sí”, y todos los demás, en los hechos, hagamos algo más para que regrese la seguridad a las calles y la tranquilidad a nuestras familias.
La medianía de nuestros actores políticos ya cansó, tanto o más, que las reyertas de las mafias del otrora pacífico Nayarit.

DE BUENA FUENTE: Justo 2 meses después de que quedó acéfalo el ITAI los diputados locales expidieron la convocatoria para designar al nuevo titular. Los interesados en presidir el órgano garante de la transparencia en Nayarit tendrán hasta las 8 de la noche del próximo sábado para presentar la documentación que avale su idoneidad.
Por cierto, ayer no se publicó la citada convocatoria en los medios impresos locales. Ojalá este jueves aparezca, de lo contrario se empezará a gestar un ambiente de opacidad que no conviene.

La credibilidad, ese aliado del Gobierno

En situaciones como las que vive Nayarit la popularidad de los políticos no es índice de confianza del ciudadano en ellos para –como se dice pueblerinamente- para capotear el temporal. Me queda claro que los indicadores de credibilidad a menudo muestran porcentajes diversos al del posicionamiento de varios actores. A la gente les caen bien sus autoridades, sí, pero no cree en ellos para operar las acciones que reclama la coyuntura actual.
La credibilidad es medible, sí, pero no cualquier encuestador se avienta el tiro de documentarla. Se requiere una metodología bien calibrada y una supervisión sin margen de error a la hora de aplicar los cuestionarios.
No hace falta, sin embargo, ver una encuesta para descubrir que hay indicios de que la credibilidad en las instituciones está a la baja. Y los factores que han gestado ese escenario saltan a la vista, algunas promesas incumplidas y anuncios que no tuvieron el seguimiento oficial adecuado.
El 30 de enero un medio nacional realizó una encuesta telefónica a 500 personas, con un 95 por ciento de confianza. Los resultados son altamente ilustrativos: El mejor librado es Enrique Peña Nieto, en quien creen un 24 por ciento, pero –en este y en todos los casos- son mayoría quienes no le creen: un 38 por ciento de los encuestados.
Hay casos patéticos, como el de Elba Esther Gordillo, quien solo tiene un 6 por ciento de la confianza de los entrevistados y la desconfianza del 74 por ciento. El perredista Jesús Ortega obtuvo un 5 y un 62 por ciento, respectivamente.

CUIDAR CADA PALABRA, CADA FRASE
Adquiere un relieve inusual en estos momentos, el conjunto de señales y mensajes que envíen los gobernantes. Una frase inconveniente, un discurso mal improvisado, o una decisión deslegitimada y la distancia pueblo-gobierno se ahondará.
Por ello, deben revisarse –a la luz de la credibilidad y no de la popularidad- si lo que se ha hecho y dicho la gente lo decodifica como las acciones pertinentes frente a los problemas de alcoholismo, inseguridad pública, o de infraestructura que enfrenta Nayarit.
Al margen de lo que hagan algunos alcaldes, diputados o legisladores federales, será interesante escudriñar los movimientos del gobernador, figura en la que típicamente se deposita la esperanza popular para salir de las crisis.
Muchos creemos que se necesita un ajuste en la dirección y en el estilo. Y obvio, que hay cargos en donde el equipo de refresco debió llegar hace mucho.
En toda su trayectoria política, Ney González se ha destacado por sorprendernos con acciones y reacciones para crecer y mantenerse. En este momento del sexenio se ve, se siente que hay una expectativa social para ver cómo el gobernador saldrá delante del conjunto de dificultades que enfrenta Nayarit.
Los programas masivos –becas, despensas- incrementan los puntos de popularidad de los gobernantes. Pero en momentos de incertidumbre o zozobra social, son los cambios de timón y las decisiones dolorosas las que hacen que la gente vuelva a creer en ellos.

DE BUENA FUENTE: Con un opíparo ágape festejará su cumpleaños 50 y tantos el notario público Antonio Herrera López en un amplio salón del Club Campestre de Tepic. Ayer circularon las invitaciones de manera verbal y por mensaje de celular y correo electrónico. Se espera que concurran la comunidad golfística, buena parte de la clase política, el gremio de abogados, y muchos personajes del mundo empresarial y político. Las viandas y finos licores son cortesía de un grupo de hombres de negocios amantes del golf.
Los interesados en acompañar al popular Toño Herrera deben confirmar su asistencia durante la mañana de este miércoles al 311-141-8499. Como dicen en los eventos pueblerinos, la “entrada es gratuita”.

DE BUENA FUENTE 2: La Suprema Corte ya resolvió el lunes que era inconstitucional la famosa “Ley Sabines”, que iba a permitir una ampliación del período por 18 meses a los diputados locales de Chiapas, para que la nueva Legislatura iniciara sus funciones después de la homologación de elecciones locales y federales.
Eso dejará a los diputados de la 29 Legislatura de Nayarit sin chance de quedarse un año más. Así que los afortunados serán los próximos diputados, seguramente, los que durarán 4 años en su encargo, del 2011 al 2015.

DIF: Hora de cuidar los logros

Desde hace algún tiempo, los Voluntariados que trabajan aglutinados en el DIF estatal se han ido profesionalizando. Aquel viejo concepto de un grupo de señoras esposas de funcionarios y unas cuantas trabajadoras sociales, mutó a una organización profesional, más cercana a los estándares internacionales.
En otros países, el activismo altruista de muchas ONG poco tiene que ver con cuestiones de género, y menos aún, con el parentesco político. Así que la llegada de perfiles profesionales a las estructuras paralelas que acompañan a los gobernadores significa una mejoría en la calidad de atención que reciben ancianos, mujeres y niños, y en general, grupos vulnerables.
Hay que reconocer que en este sexenio, se han dado pasos importantes para el empoderamiento de sectores en desventaja. El Centro de Justicia Familiar es un buen ejemplo. Al paso del tiempo, la gente olvidará cifras, porcentajes o estadísticas. Quedará en la memoria colectiva sólo lo trascendente. Mismo caso es el centro contra adicciones Marakame.
Por ello, y en ocasión del cuarto informe de actividades de la señora Charo Mejía de González, vale la pena reconocer estos esfuerzos loables, más allá de la numerología institucional. Una novedad en éstos días, y otro logro que quedará registrado a la hora de la evaluación sexenal, es el original programa “Canasta básica en tu colonia”.
Uno de los consultores más prestigiados en materia de marketing gubernamental, Jesús Gómez Espejel, recomienda a sus clientes que el trabajo de imagen se soporte en 5, no más, acciones institucionales atractivas, originales y fáciles de entender.

LABOR SOCIAL Y POLÍTICA: AGUA Y ACEITE
Creo que el DIF Estatal va a posicionarse como uno de los activos sexenales, pues antes de la creación de la Secretaría de Desarrollo Social a cargo del activo Alonso Villaseñor, en los hechos, esta institución tuvo ese rol.
Por ello es importante, en aras de cuidar la imagen del DIF y la señora Charo, que ambas (institución y presidenta) se mantengan en la neutralidad política, un activo que distingue a muchas ONG en el mundo y que permite captar voluntarios de diversas filiaciones políticas.
De ahí que incluso acciones permitidas a otros personajes, como los gestos de amistad –por ejemplo, darle respaldo a Griselda Esparza en su nueva encomienda, frente a las normales críticas posteriores a su entronización- o el aplauso a algunos aciertos sexenales en comparación con otras administraciones –como el ingreso gratuito a la Feria-, constituyan un argumento para que algunos quieran desvirtuar los innegables logros que el DIF ha tenido del 2005 a la fecha.
El trabajo social que ha hecho la señora Charo es valioso, sobre todo en la vertiente de los proyectos productivos a favor de familias de escasos recursos. La política no debe afectar el veredicto ciudadano sobre su atinada labor.

DE BUENA FUENTE: Gigantesco reportaje le dedica desde el domingo pasado el influyente rotativo Los Angeles Times al singular caso de los narcotraficantes de heroína originarios de Xalisco, Nayarit, que se han expandido en década y media por todo Estados Unidos, incluso hasta Honolulu. Se caracterizan por repartir la droga a domicilio, a clientes de clase media, de raza blanca. No le venden ni a negros ni a latinos. Son discretos –tanto en sus atuendos como en sus vehículos- y recaban pedidos vía celular, y anteriormente por radiolocalizador (pager). No usan armas tampoco y en sus autos solo traen las cantidades de droga para los pedidos del día. Una célula de 6 u 8 choferes repartidores –todos originarios de Xalisco- factura 80 mil dólares semanales. Cada repartidos gana mil dólares por semana más sus gastos.
Este modelo de negocio eficaz causa admiración entre las policías antinarcóticos de EU. “Es casi como Walmart”, dicen en referencia a sus precios bajos que han desplazado a las mafias colombianas del gran mercado de consumidores de heroína.

Palacio abierto, Palacio cerrado

Ayer domingo me hubiese gustado tomar mi café leyendo en las noticias que el gobernador Ney González ordenó abrir una mesa de diálogo con los dirigentes políticos que protestaron el sábado frente a Palacio contra el reemplacamiento vehicular
No fue así. A diferencia de la marcha del PRI del 2 de febrero contra la inseguridad, cuyos dirigentes fueron amablemente atendidos por el doctor Roberto Mejía, Secretario General de Gobierno, los líderes del PRD y PAN tuvieron como destinatarios de sus proclamas las puertas y ventanas cerradas del edificio sede del Poder Ejecutivo.
Lejos de lo que yo hubiese imaginado, desde el sábado en la tarde –vía redes sociales- los manifestantes acusaron acto de provocación institucional por parte de Jahaziel Espinosa Huerta, un furibundo antinavarrista aparentemente enrolado en la nómina estatal, quien hizo acto de presencia en 4 vehículos con sirenas abiertas.

¿PROVOCACIÓN EN LUGAR DE MESA DE DIÁLOGO?
Gracias a las imágenes subidas oportunamente a YouTube por el comunicador David Julio Aguilar me percaté que así fue. La cosa no llegó a mayores porque el diputado Carlos Hernández Ibarría hizo una arenga a los pocos manifestantes para no responder a las acciones del personaje enmascarado.
Nadie puede comprobar que el hecho haya sido operado por algún funcionario. Lo que queda claro, en el supuesto de que Jahaziel –admirador confeso del occiso capo colombiano Pablo Escobar Gaviria- hubiese actuado espontáneamente, es que mucha gente procesa la visión de un Nayarit dividido en dos bandos, los del “Cómo Sí” afines al sexenio por un lado, y los del “Cómo Nó”, supuestamente antigobiernistas, como un antagonismo claro, un escenario electoral anticipado.
Ignoro quien haga análisis de coyuntura para el gobernador. Alguien me dice que Salvador Sánchez Vázquez y Héctor Hammeken cumplen ese rol. Lo que se percibe es que se está desaprovechando el perfil incluyente y conciliador de Roberto Mejía en la planta alta de Palacio con una agenda sin diálogo con las voces que disienten.
El gobierno hubiera perdido poco y ganado mucho si el sábado el galeno Mejía hubiese tomado nota personalmente de los puntos petitorios, sobre todo porque la batalla burguesa dada por el PRD y PAN está perdida. Su débil capacidad de convocatoria -en un sábado soleado y sin lluvia- se explica por razones estadísticas: 65 por ciento de los nayaritas no tienen automóvil particular. Es una causa sin respaldo colectivo.
Los opositores panistas y perredistas hacen bien en abanderar los temas de la austeridad y la transparencia, pero les ha pasado de noche que el ITAI lleva más de 50 días acéfalo sin que ninguno de los diputados de estos partidos hubiera exhortado a sus pares a analizar el asunto en un período extraordinario.
Y no sé con que cara exija el diputado Hernández Ibarría acciones de austeridad en el gasto, cuando en encomiendas privadas y no oficiales solicitó el traslado en helicóptero para sobrevolar terrenos en Huajicori, argumentando una posible inversión privada en la zona.

LAS CREDENCIALES DE NEY PARA EL 2012
Pero ese es un problema histórico de doble moral de muchos líderes opositores. Lo toral es saber si el gobernador Ney González va a operar el cierre de sexenio con códigos distintos a los de años previos, o si va a mantener una agenda institucional sólo con temas cómodos, sin dar pie a la réplica, al debate, a la opinión diversa, al diálogo plural, al consejo extra muros, a la sugerencia de un crítico.
Ninguna o muy pocas de las inquietudes sociales publicitadas en medios tradicionales y en la Web 2.0 ha sido retomada en forma de diálogo o debate por el aparato oficial. En muchos caso, ni siquiera se acusa de recibo.
Insisto. Yo deseo que Ney sea un protagonista del 2012. Pero algunos hechos operables –y por tanto prevenibles- no son su mejor carta de recomendación ante los ojos de los jalicienses, yucatecos, sonorenses o defeños. Uno de los males sexenales es la baja calidad de muchos leales insertados –con criterios afectivos, básicamente- en su gabinete. Y se nota que no han forjado escenarios a tono con la prospectiva a corto plazo.
Le restan 19 meses a Ney González para afinar detalles de imagen. Un tecnopolítico que comparte los valores de la alternancia. Así es, creo, como se debe proyectar. Tiene currículum para gravitar sobre los temas de gobierno electrónico, transparencia, turismo, federalismo, pero con salvedades, la medianía de sus cercanos no ha generado –tras más de 4 años y medio de gestión- productos institucionales exportables, que se conciban como “buenas prácticas” por otras autoridades estatales.
Si yo fuera un foráneo, y por los medios o la web 2.0 me percatase de que en Tepic las protestas opositoras son procesadas con sordera y ceguera oficial, y que en cambio, las manifestaciones de aliados del PRI se reciben con brazos abiertos, me daría flojera pensar que un gobernador así pudiera seguir vigente por varios años más.
Ojalá Ney le dedique autismo emergente a las loas automáticas de los fidelizados del “Cómo Sí”, y procese con tolerancia o inclusión la crítica opositora. Brazos abiertos al disenso pues, como lo hacen los grandes.
Palacio abierto, y no más Palacio cerrado… aunque la protesta caiga en sábado.

DE BUENA FUENTE: De acuerdo con los datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y empleo del INEGI, al cierre del 2009, Nayarit está en quinto lugar a nivel nacional en el porcentaje de población económicamente activa ocupada, con el 62.1 por ciento, nada menos y nada más que un escalón –una décima de punto- por arriba de Nuevo León y varios por encima del Estado de México con menos del 50 por ciento.