viernes, 30 de enero de 2009


Un Congreso retro

En uno de mis artículos anteriores mencioné el derecho inalienable de los pueblos para juzgar a sus gobernantes. El llamado juicio histórico de la sociedad. Es decir, un veredicto que escapa a la decisión de las autoridades y de las instituciones. Un auditor puede exonerar a un funcionario o un juez declarar la inocencia de un servidor público, ah, pero el veredicto popular puede ser en distinto sentido a las sentencias formales.
Muy pocas autoridades analizan sus decisiones en esta perspectiva. Calibran sus acciones solo en función de las fronteras oficiales. El reto de salir bien librado en la dimensión institucional es pan comido. Muchos funcionarios de entidades y organismos creados para equilibrar al poder público actúan al tenor de las reglas no escritas de la política nayarita.
Ser autoridad en el escenario local es ciertamente cómodo. Los aplausos están garantizados para la jerarquía. Pero, aguas, son ficciones de la ortodoxia. No aseguran el reconocimiento popular en el futuro, cuando llegue el triste momento de dejar los cargos públicos.

¿Y A QUÉ VIENE TODO ESTO?
Ayer participe en una charla informal en la que se instauró –cosas de la cafeína- un juicio sumario a la actual Legislatura. Carajo, nadie pudo vertebrar un solo argumento favorable a la actuación congresional.
Si a menos de 6 meses el escrutinio al desempeño legislativo es tremendamente severo, ¿de qué calibre será el juicio histórico?
En descargo de los diputados(as) alguien centró sus embestidas contra los que permanecen: los funcionarios legislativos. Y tiene razón. Claramente se percibe que están dejando solo a Manuel Narváez en su responsabilidad.
En el más reciente tema de agenda, la Secretaría General –encabezada por Manuel Salinas Solís- prácticamente dejó “morir solo” al priista Roberto Lomelí en la ciertamente difícil defensa de su iniciativa de reformas penales. Pese a que contaban a su favor con el voto unánime de la misma, esa dependencia no fue capaz de aportar al debate posterior un solo argumento que la justificara. En términos mediáticos, el Congreso perdió por knock out.
No hicieron la investigación legislativa que correspondía a un tema, quizá porque esa papa caliente les cayó entre una posada y otra.
Más allá de lo anecdótico de esta iniciativa, el fondo del asunto es lamentable: que se siga legislando al vapor, dispensando trámites y sin convocar a los sectores sociales con interés específico. Al estilo retro, pues, dijera Jorge Enrique González.
En los análisis comparativos, el Legislativo no evoluciona, frente a un Poder Judicial que tiene tiempo reestructurándose y un Ejecutivo que ha sabido capitalizar el escenario de funcionalidad política vigente desde el 2005.
El Congreso local experimentó una modernización plausible entre el 99 y el 2002, gracias al impulso visionario de Isabel Campos, Alonso Villaseñor y Raúl Mejía. Y la actuación de la siguiente –aquella de los 18 diputados priistas de mayoría- estuvo muy bien montada en el discurso de la legalidad.
Pero la inercia burocrática –una especie de freno interior- ha entrampado al Poder Legislativo en una vuelta al pasado que no encaja ya con la dinámica estatal. Ya va para el cuarto año de medianía.
Desde ahora, los diputados están delineando un juicio histórico que no les será benévolo; si es que no actúan antes con diligencia…

DE BUENA FUENTE: ¿De dónde sacan tanto optimismo los aspirantes a derrotar al PRI en julio próximo? Porque de las estadísticas nomás no…