jueves, 15 de marzo de 2012

¡Bravo! ¡Una ley contra el “diezmo”!


Y en Nayarit, ¿cuándo?

De las pocas buenas noticias provenientes de la fuente parlamentaria, ayer los medios registraron la aprobación de una iniciativa que pretende erradicar –en el ámbito federal- prácticas como el diezmo, (cohecho), la confabulación, la simulación, el tráfico de influencias, la presentación de información falsa y otros vicios que suelen presentarse en las licitaciones públicas.
Justo cuando en Nayarit se debate el tema de la peculiar gestión del diputado Omar Reynozo como Secretario de Salud, y justo también cuando el Órgano de Fiscalización Superior estudia la denuncia de la regidora perredista de Bahía de Banderas, María Duñalds, por un daño patrimonial estimado en ¡más de 28 millones de pesos!, es cuando nos llega esta buena noticia del DF.
Las sanciones a imponerse a los infractores de la Ley consistirían en multa equivalente a la cantidad de mil a cincuenta mil veces el salario mínimo diario general vigente para el Distrito Federal e inhabilitación para participar en contrataciones públicas de carácter federal por un periodo que no será menor de tres meses ni mayor de ocho años para el caso de personas físicas. Estas sanciones se agrandan considerablemente en el caso de las personas morales.
La minuta fue aprobada por 335 votos a favor, 13 en contra y 4 abstenciones, es decir, llega dotada de alta legitimidad. Hay que recordar que previamente fue aprobada en el Senado.

CONTRALORÍAS, CLAVES EN LA LUCHA ANTICORRUPCIÓN
De todas las figuras que va a sancionar ahora la Secretaría de la Función Pública, sobresale una que se ha convertido en una presencia cotidiana en las dependencias gubernamentales: la costumbre de pedir el diezmo.
No estaría nada mal que a nivel local quienes tienen derecho de iniciativa busquen reproducir a nivel local una herramienta como esta. Hasta hoy, los acciones para prevenir y sancionar este tipo de prácticas que propician el incremento patrimonial de los funcionarios son muy débiles.
Convendría que la 30 Legislatura escuche con atención los problemas que experimenta el OFS para determinar casos de corrupción por la forma en que desarrollan su trabajo, esto es, a posteriori. En cambio, y eso lo ha planteado en diversas ocasiones el auditor general Salvador Íñiguez Castillo, es en la esfera de las tesorerías y las contralorías estatal y municipales, donde se pueden (y deben) incrementar las pesquisas para evitar procesos privados e ilegales de acumulación de capital.
Es bueno que el sexenio de Roberto Sandoval ponga énfasis en su identificación con “la gente”; ese dato es buen pretexto para que la agenda legislativa salga de la tradicional esfera de intereses políticos y burocráticos, e incorpore anhelos ciudadanos tradicionalmente desdeñados.
El sueño de combatir la corrupción administrativa está ahí, desde hace muchos sexenios, en el costal de deseos de miles y miles de nayaritas.

DE BUENA FUENTE: Se ve clara la necesidad de que la clase política fortalezca su presencia en redes sociales, pues el debate entre los nayaritas y sus autoridades sigue siendo –casi siempre- unilateral. Convendría que escucharan, por ejemplo a la experta Gisela Rubach, quien antier dictó cátedra sobre el tema en el Colegio Nacional: “Las redes sociales llegaron para quedarse”, y la necesidad de “construir contenido, adaptar el lenguaje a las redes”.
No estaría mal que por lo menos las instituciones gubernamentales capaciten a gestores de comunidades para que atajen oportunamente las preguntas, sugerencias, críticas o réplicas de los usuarios de redes, a efecto de gestionar su imagen de mejor manera. La ausencia del gobierno en el mundo 2.0 sólo significa que habrá destrucción de imagen.

Twitter: @ehq