Otra vez la molestia de muchas familias nayaritas se mostró este fin de semana. Cientos de voces se unieron –redes sociales, llamadas vía celular, mensajes de texto, charlas virtuales- para expresar enfado, inconformidad, condena, contra la violencia arraigada ya en Tepic. Y es que estos foros informales son el único cauce posible para fluir. La negligencia oficial les negó la posibilidad de tener un foro institucional para conocer y opinar sobre los temas de la seguridad pública: el observatorio ciudadano.Este era su fin, ser un “ente social encargado de vigilar y auditar las acciones en materia de seguridad publica. Integrado por el rector de la Universidad Autónoma de Nayarit, director del Instituto Tecnológico de Tepic, cámaras empresariales y clubes de servicio”.
Nadie ha dicho una palabra sobre las causas del por qué no se instaló esta instancia durante estos últimos 15 meses. Silencio total. Los funcionarios aparentemente responsables de operar su integración y funcionamiento están ya en otras responsabilidades: una es legisladora, otro es magistrado, un tercero es Secretario de despacho y el último está en tareas de educación superior.
BOMBOS Y PLATILLOS
Lo increíble del caso fue la tremenda difusión que se le dio tanto al macro Acuerdo estatal para el fortalecimiento de la seguridad pública del 26 de noviembre del 2008, como específicamente a la creación de un Observatorio Ciudadano. Según mis cuentas se produjeron 17 boletines temáticos oficiales –ciertamente, un exceso- en 2 días, algunos titulados así: “Necesario conservar a Nayarit como estado seguro: Gobernador Ney González”; “En vigor, Acuerdo Estatal para Fortalecimiento de la Seguridad Pública”; “Oportuna la conformación y puesta en marcha de un observatorio ciudadano: COPARMEX”; “En Nayarit los jóvenes tienen derecho a madurar sanamente: Ney González”; “Insta Director de ITT a sumarse a la cruzada por la seguridad”; “Todos ponemos nuestra parte en el acuerdo para la seguridad: TSJ”; “Estamos listos para participar: FEN”; “Sumar esfuerzos para mejorar seguridad: María Ventura Espinosa”; “Acuerdo para seguridad, acierto del Gobernador Ney González”; “La Marina colabora en el Acuerdo Estatal de Seguridad”; “Ambiente de seguridad y orden en Nayarit: Zepeda Carrillo”; y Nayarit, un estado seguro y de trabajo: José Luis Bernal Valenzuela”.
En uno de esos comunicados un adivino líder de la COPARMEX, Eduardo Ruelas, parecía vaticinar: “…porque perdería su objetivo si únicamente comparecemos a una firma y no se le da el seguimiento que todos buscamos”.
Y así pasó. Fue un error no procesar los 42 compromisos de este Acuerdo, como también es hoy otro yerro el autismo con el que se asume este asunto, como si fuera tema tabú. En contraste, en materia de salud, el gobernador Ney González ha optado por la transparencia informativa, difundiendo con inmediatez los datos oficiales sobre dengue e influenza.
¿SIMPLE DESCUIDO? ¿FALTA DE VOLUNTAD?
Según el especializado Instituto para la Seguridad y la Democracia (INSYDE A.C.) un observatorio ciudadano tiene como fin realizar el “monitoreo de resultados e incidencia” por las instancias comprometidas en un Acuerdo como el que se firmó hace 15 meses en Tepic, y tiene como componentes la “participación ciudadana; corresponsabilidad y rendición de cuentas a la ciudadanía”.
Este organismo identifica 8 condiciones para su funcionamiento, quizá la más importante la “Voluntad política y económica entre autoridades de Estado y organismos involucrados”.
Aún a destiempo, sumarnos a la tendencia nacional sería una buena reacción, sobre todo porque el mes que entra se llevará a cabo la encuesta nacional conocida como “termómetro del delito” y en la que Nayarit tuvo el mejor resultado en todo el país en el indicador de la percepción ciudadana sobre menor inseguridad. Tengo la impresión de que a nivel gubernamental hace falta hacer más, por ejemplo, permitir que el Procurador Oscar Herrera renueve a los mandos medios y superiores de su dependencia.
Difícilmente se repetirá ese sitial de honor este 2010. En un año la situación local cambió dramáticamente. Y –hay que reconocerlo- varios funcionarios cooperaron con omisiones graves para que así fuera.
Somos muchos los que seguimos sin entender las causas por las que el gabinete dejó en el olvido el Acuerdo del 26 de noviembre del 2008. No nos explicamos por qué el Observatorio Ciudadano tuvo muerte prematura.
DE BUENA FUENTE: La página 6 del Meridiano del viernes 19 es ilustrativa de las diferencias entre las instituciones nayaritas y las del DF. “Remueven a magistrado por cobrar doble” es el título de la nota sobre la remoción e inhabilitación del magistrado electoral del DF Miguel Covián Andrade, por cobrar –adicionalmente a su sueldo oficial- un salario como investigador en el CONACYT.
Aquí, lamentablemente, los diputados locales aprobaron en diciembre una reforma al artículo 90 que permite que los nuevos magistrados cobren su quincena en la UAN. Quien preparó la iniciativa –presumiblemente Pedro Enríquez Soto, uno de los beneficiarios- los llevó al baile sin explicarles el trasfondo de esta modificación.
DE BUENA FUENTE 2: Todo apunta a una solución "casera" en la designación del nuevo Presidente del ITAI para los próximos 3 años (recordemos que ya Miguel Madero estuvo 2 de los 5 para los que fue designado), pues de los 7 registrados los diputados aparentemente se decantarán por alguno de 2 funcionarios legislativos: Alejandro Talavera, Director Jurídico del Congreso, o Raúl Rosales, Director Jurídico del Órgano de Fiscalización Superior.
En ambos casos se trata de perfiles institucionales, sin embargo, parece que es mejor momento para Rosales pues además de ser autor de un libro sobre administración pública local, en el caso de Talavera se percibe que la cuota de poder con los gremios de abogados ya se pagó, con el otorgamiento de una magistratura en el Tribunal Administrativo a Martín Mayorga.
En caso de que alguno de ellos sea el afortunado, tendrán que luchar contra un hándicap en contra, pues ambos se desempeñaron -uno formalmente, otro de facto- junto a Manuel Salinas y Pedro Enríquez como arquitectos de muchas reformas legales y constitucionales en este sexenio, esas que se operaron en fast track y sin legitimación social, por lo que sus credenciales profesionales estarían un tanto cuestionadas.
