Ya pasaron 6 meses y no se ha sabido de ninguna querella o denuncia presentada al amparo de la ya famosa Ley Quiqueto o Ley Mordaza, es decir, las reformas a los códigos penales y de procedimientos penales para castigar a los ciberterroristas. Incluso, no hemos sabido si se conformó la policía cibernética para perseguir este tipo de delitos.
Habrá que preguntarle a los diputados, especialmente a Roberto Lomelí Madrigal, autor de la iniciativa, si desde entonces –en diciembre del 2008- se buscaba el efecto disuasivo. Desde su origen, aparentó ser una norma al estilo de las disposiciones novohispanas: “Obedézcanse pero no se cumplan”. Recordemos que desde su entrada en vigor se gestaron movilizaciones, primero, y adéndums legiuslativos después, para garantizar impunidad a los comunicadores sociales. Como señal para la sociedad parecía claro el destino de la medida, ser letra muerta. Esto escribí por aquellos días: “…nadie en el Congreso da argumentos o cifras, nadie cita casos de éxito en otros estados, o ejemplos de legislación comparada. No he escuchado una sola explicación convincente sobre la conveniencia de que los nayaritas tengamos sanciones contra el terrorismo electrónico”.
EL GOBIERNO, A LA RED DE REDES
Sin embargo, en diciembre y enero pasados, Ney González se fijó otra meta. Mejorar la presencia y capacidad de operación del gobierno nayarita en la red. Y lo ha logrado. Hoy, por ejemplo, cualquier amenaza terrorista, podría ser atajada casi casi en tiempo real por las autoridades.
La fuerte actividad que el mandatario y sus colaboradores están desarrollando con herramientas interactivas (Web 2.0) permiten que la verdad institucional llegue a muchos y llegue pronto, una posibilidad que en otros medios está vedada. La inmediatez de las respuestas ha mejorado tremendamente la comunicación gobierno-ciudadanos. Los ciberterroristas no tienen ahora el escenario de hace medio año. No pueden ya soltar rumores sobre atentados como lo hicieron eficazmente antes.
La lección que deja este episodio es paradigmática. Los problemas de la realidad se atajan atendiendo a los hechos. Los funcionarios ortodoxos quieren resolver todo legislando. No es por ahí.
Los internautas nayaritas saben qué es lo que hace hoy el gobierno local y tienen varias ventanas para plantear sus problemas con garantía de pronta respuesta. No fue una solución concebida por un cuerpo de jurisconsultos. Sino que se vislumbró desde la experiencia de un nativo digital, Ney González.
Creo que la próxima vez que un problema social se quiera resolver creando Derecho, Ney o sus colaboradores van a recordar que la mejor solución nada tiene que ver con el proceso legislativo.
Nadie recuerda ya la Ley Quiqueto.
DE BUENA FUENTE: ¿Cuánto gana un presidente de comité directivo estatal del PRI? Entre 18 y 50 mil pesos. Solo 6 de 32 comités directivos estatales han acatado la obligación de transparencia para difundir salarios de sus dirigentes. Nayarit aparece en el listado de los incumplidos.
Habrá que preguntarle a los diputados, especialmente a Roberto Lomelí Madrigal, autor de la iniciativa, si desde entonces –en diciembre del 2008- se buscaba el efecto disuasivo. Desde su origen, aparentó ser una norma al estilo de las disposiciones novohispanas: “Obedézcanse pero no se cumplan”. Recordemos que desde su entrada en vigor se gestaron movilizaciones, primero, y adéndums legiuslativos después, para garantizar impunidad a los comunicadores sociales. Como señal para la sociedad parecía claro el destino de la medida, ser letra muerta. Esto escribí por aquellos días: “…nadie en el Congreso da argumentos o cifras, nadie cita casos de éxito en otros estados, o ejemplos de legislación comparada. No he escuchado una sola explicación convincente sobre la conveniencia de que los nayaritas tengamos sanciones contra el terrorismo electrónico”.
EL GOBIERNO, A LA RED DE REDES
Sin embargo, en diciembre y enero pasados, Ney González se fijó otra meta. Mejorar la presencia y capacidad de operación del gobierno nayarita en la red. Y lo ha logrado. Hoy, por ejemplo, cualquier amenaza terrorista, podría ser atajada casi casi en tiempo real por las autoridades.
La fuerte actividad que el mandatario y sus colaboradores están desarrollando con herramientas interactivas (Web 2.0) permiten que la verdad institucional llegue a muchos y llegue pronto, una posibilidad que en otros medios está vedada. La inmediatez de las respuestas ha mejorado tremendamente la comunicación gobierno-ciudadanos. Los ciberterroristas no tienen ahora el escenario de hace medio año. No pueden ya soltar rumores sobre atentados como lo hicieron eficazmente antes.
La lección que deja este episodio es paradigmática. Los problemas de la realidad se atajan atendiendo a los hechos. Los funcionarios ortodoxos quieren resolver todo legislando. No es por ahí.
Los internautas nayaritas saben qué es lo que hace hoy el gobierno local y tienen varias ventanas para plantear sus problemas con garantía de pronta respuesta. No fue una solución concebida por un cuerpo de jurisconsultos. Sino que se vislumbró desde la experiencia de un nativo digital, Ney González.
Creo que la próxima vez que un problema social se quiera resolver creando Derecho, Ney o sus colaboradores van a recordar que la mejor solución nada tiene que ver con el proceso legislativo.
Nadie recuerda ya la Ley Quiqueto.
DE BUENA FUENTE: ¿Cuánto gana un presidente de comité directivo estatal del PRI? Entre 18 y 50 mil pesos. Solo 6 de 32 comités directivos estatales han acatado la obligación de transparencia para difundir salarios de sus dirigentes. Nayarit aparece en el listado de los incumplidos.
