miércoles, 24 de febrero de 2010

Un cuento de terror: el magistrado emergente

El 16 de diciembre del 2009, por la noche, se reunieron los ocho profesionistas -7 varones y una dama- que al día siguiente tomarían posesión como nuevos magistrados del Tribunal Superior de Justicia. La cita fue en una casona al norte de la ciudad. No asistieron los dos no afines a sus intereses, Ismael González Parra -propuesto por el magisterio-, ni Ana Isabel Velasco, cuyo nombre era barajado junto al de Edmundo Ramírez como propuestas del PRD, enmedio de una tensa negociación interna adicionada con un veto exterior al talentoso Edmundo, vinculado al navarrismo.
Por ahí de las 11 de la noche un operador de Palacio –quien preparaba las 10 ternas que llevarían a la sesión del Congreso del día siguiente- les pidió por celular a los 8 afortunados que a primera hora llevaran sus documentos personales. Acta de nacimiento, título y cédula profesional, etcétera.
A las 9 de la mañana del jueves 17 de diciembre -2 horas antes de la sesión en el Poder Legislativo- una atribulada profesionista, presente en el encuentro de la noche previa, y dícese que funcionaria de la Comisión estatal de Derechos Humanos, comunicaba la mala nueva al subsecretario de asuntos jurídicos Pedro Enríquez, quien revisaba los 30 nombres que propondría el gobernador al Pleno. “No encontré mis papeles”, explicó con angustia.
La premura con la que se había operado la reforma judicial –a contrarreloj- no había permitido que los “palomeados” tuvieran un poco más de tiempo para entregar la documentación comprobatoria de su idoneidad para tan delicados cargos.

RIESGOS DEL FAST TRACK
Trece días antes, el 4 de diciembre, el diputado Julio Mondragón había presentado en 41 fojas la iniciativa de reforma judicial -presumiblemente preparada en Palacio- que incrementó locuazmente de 7 a 17 el número de magistrados. El día 8 se dictaminó en comisiones del Congreso. El 9 de diciembre se le da primera lectura en la sesión de Pleno. El sábado 12 –el “día de la virgen”- con dispensa de la segunda lectura se aprueba con 28 votos a favor, una abstensión y plausible un voto en contra. Un fast track sin un ápice de legitimación con la opinión social.
Vía Blackberry, Pedro informó a sus superiores el grave imprevisto. Tras una lluvia de ideas bidireccional se acordó entonces echar mano de un “magistrado emergente”. –Que sea fulano de tal-.
Por el conmutador le marcaron a su extensión, la oficina de asuntos agrarios, esa de tan pobre desempeño sexenal. En los pasillos de Palacio se comentaba que no había ganado un solo asunto en los tribunales especializados. “Vaya a su casa inmediatamente y traiga copia de su curriculum con sus anexos. Es urgente”, le ordenaron.
Al “cuarto para las doce” del jueves 17 llegó el expediente con las 10 ternas. Obsequiosos, en la oficialía de partes del Congreso sellaron de recibido con la fecha del día anterior.
Minutos después, en el Pleno se daban a conocer los 30 nombres de los licenciados en Derecho que serían evaluados por los diputados de la Comisión de Gobernación ¡en una veloz sesión paralela!

¡SÍ, PROTESTO!
Ese mismo día por la tarde, y para sorpresa de muchos, ese funcionario que por la mañana tomaba café plácidamente en su cubículo llegó a la sede del palacio legislativo sin saludar a nadie, no por descortés, sino por desconocido. Vestía un blazer color tabaco y pantalón café y una extraña corbata. Se sentía extraño en atuendo semi formal. Aguardó en una sala anexa a la oficina del diputado Manuel Narváez y –llegado el momento- entró a la sala de sesiones “Benito Juárez”.
Se acomodó junto a sus nuevos compañeros en el extremo derecho, entre Pedro Álvarez y Manuel Salinas, levantó la diestra y protestó como nuevo magistrado del Poder Judicial de Nayarit durante la próxima década.
Así, por esas coincidencias del destino, Rodolfo Adrián Rodríguez Alcántar, el empleado número 18023 del gobierno estatal, en el día más extraño de su vida, hizo realidad el sueño de cientos de abogados y abogadas nayaritas: ser magistrado.
Y todo por unos documentos extraviados…

DE BUENA FUENTE: Ayer se inauguró un curso de capacitación merecedor de aplausos. Personal del Órgano de Fiscalización superior –al mando de un profesionista con evidente vocación académica, Salvador Íñiguez- actualizó a los administradores de todas las Secretarías del Poder Ejecutivo. La idea es minimizar observaciones del ente auditor y preparar el terreno para la entrega-recepción del 2011.

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