martes, 23 de noviembre de 2010

La herencia de Madero (el otro)

Hace poco dí una charla sobre la transparencia en Nayarit invitado por Ramón Cambero, Presidente del PAN. Inicialmente pensé en titularla “La opacidad o cómo se gana una magistratura”. Me fui por el lado de la seriedad y preferí otro título.

Ayer llegó a mis manos un documento que acredita el gusto de cierto tipo de autoridades por mantener con candado sus archivos. Les gusta la opacidad y el hermetismo de antes.

Pese a su corta edad, la transparencia en Nayarit ya registró su primer temporada negra. De enero del 2008 a diciembre del 2009, bajo un nuevo diseño institucional concebido por Pedro Antonio Enríquez Soto a contrapelo de la tendencia nacional, Miguel Madero fungió como un cancerbero de los intereses meta institucionales, al recurrir a prácticas disuasivas cuando los ciudadanos interponían recursos contra la negativa de la autoridad a entregar documentación pública.

Madero tuvo a bien citar a todo mundo a ratificar los recursos de revisión, sin importarle si el recurrente era un discapacitado, un menor de edad, un anciano, o si residía en Australia o en Acaponeta.

Ese cobijo retrógrada impulso una cultura del hermetismo que ha sido puesta de relieve por el CIDE en la Métrica de la Transparencia 2010, un documento que cada año patrocina la conferencia que aglutina a los órganos garantes en México.

CANDADOS A LOS ARCHIVOS PÚBLICOS

Uno de los ejercicios llevados a cabo por la institución académica fue el de usuario simulado. Se plantearon por Internet 3 o 4 preguntas a algunos de los 44 sujetos obligados por la ley en febrero, marzo y junio de este año.

Cinco entes de 17 auditados olímpicamente ignoraron las peticiones de información pública.

Otras dependencias como la Comisión Estatal del Agua y la Secretaría de Finanzas respondieron fuera del plazo máximo permitido por la ley (20 dias hábiles): La CEA en 40 días hábiles (68 días naturales), y Finanzas en 21 y 23 d.h. (30 y 32 d.n.).

No sé que tan extensos sean los archivos que maneje el ingeniero Héctor González Curiel, titular de la CEA, pero me parece demasiada lentitud que su personal demore más de 2 meses en encontrar un documento.

La Secretaría General de Gobierno respondió dentro del plazo 3 solicitudes, aunque 2 de ellas fueron evaluadas como respuestas de contenido deficiente.

Igualmente la Secretaría de Seguridad Pública estuvo dentro del plazo en 3 solicitudes, pero 1 de ellas calificada como respuesta de utilidad nula.

La única dependencia del Ejecutivo en contestar dentro del plazo y satisfactoriamente fue la Secretaría de Salud, 3 respuestas en 20 d.h. (27 d.n.)

SE PAGA EL COSTO DE OPORTUNIDAD

La obligación institucional de aperturar archivos en Nayarit lleva 5 años 5 meses; es inaudito que sigamos en pañales. No es admisible que los titulares de las unidades de enlace con la ciudadanía desdeñen las solicitudes por Internet o permitan que sus pares le hagan al “tío Lolo” al momento de localizar un oficio, una factura o un acta.

Este tipo de omisiones sólo tienen una lectura: hay opacidad y hermetismo, y es producto de la herencia de Madero, no el demócrata, el otro, el que aparentemente cinceló la escalera a la magistratura que ostenta permitiendo que se pusieran candados a los archivos públicos durante su triste gestión.

Que lamentable es que uno de los padres de la transparencia en México, Ney González –uno de los 12 diputados federales que firmaron la iniciativa de la ley federal en diciembre del 2001- no haya tenido aliados institucionales (dentro y fuera del gabinete) para que hoy pudiera estar presumiendo logros reales, validados por la población, en este rubro tan sensible.

Ni Pedro Enríquez, ni Miguel Madero, tuvieron la visión de llevar a Nayarit a nichos ejemplares en materia de transparencia, algo que hubiese sido fácil dado el perfil de Ney como tecnopolítico.

Hoy estamos pagando el costo de oportunidad. Los hubieras no existen y el hoy es distinto de cómo pudo haber sido. Que lástima.

DE BUENA FUENTE: La gente sigue enganchada al tema de la seguridad pública; salvo los que “ad ovum” deben opinar y aplaudir otros temas, la gran mayoría –en la calle o en redes sociales- inquiere, opina, se queja o discute sobre los hechos violentos y el factor gubernamental.

Siendo así, me parece que prudente que las autoridades dejen de tenerle flojerita al tema. Creo que la utilidad en imagen sería mucho mayor si se prestan oídos a un asunto en el que muchos nayaritas desean opinar.

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