lunes, 14 de noviembre de 2011

Adiós a las playas V.I.P.

¿Se imaginan lo que podría pasar si un domingo el gobierno decide cancelar el acceso al parque recreativo La Loma de Tepic? Pues esa sensación que usted imagina es la que tuvieron miles de familias en Bahía de Banderas cuando vieron que el romance de Ney González con los inversionistas turísticos significó la cancelación de accesos a las playas populares.

El respaldo de las autoridades a empresarios que compraron propiedades frente al mar-específicamente Héctor Cárdenas Curiel en Destiladeras y Punta Raza, y Héctor Flores Ibarra en Las Minitas y Los Venados- dio pie a movimientos sociales que atinadamente fueron atendidos por el gobernador Roberto Sandoval.

A nivel normativo se establece en el Plan Estatal de Desarrollo Urbano que debe existir un acceso al mar cada 400 metros y que dicho acceso no debe ser menos a 9 metros. Así, el gobierno anterior reconocía que deberían existir 42 ventanas al mar, de las cuales 24 estaban equipadas con servicios. Pero eso era en el papel… y en el discurso.

CONTRA INFLUYENTES SEXENALES, ACTIVISMO SOCIAL

La realidad era otra. Muchos desarrolladores influyentes cancelaron esos pasos libres a las playas, ante la miopía cómplice de los gobiernos. Y esa fue la causa de que muchas madres de familia se organizaran, como el caso de Mujeres Unidas de la Bahía, encabezado por Marielza Izurieta Valery, que pelearon por que se respete un acceso en la avenida Cocoteros de Nuevo Vallarta del que se apropió Henry Davis, dueño del club de golf Flamingos.

Apenas hace 3 meses, esta asociación femenil denunció el cierre al público de la playa “Las Pangas” en Punta de Mita, por parte de la empresa Cantiles de Mita para construir un campo de golf. Por supuesto, ninguna autoridad estatal reaccionó ante su denuncia.

En el caso de las playas de El Monteón, la actuación de la anterior administración fue clara e ilustrativa: el 16 de mayo del 2009 enviaron al director de la policía estatal Julio Betancourt a reprimir a los vecinos que se manifestaron contra el cierre del acceso a la playa Canalán, su playa, desde el 23 de noviembre del 2006. El saldo: detuvieron a 16 personas, incluyendo 5 mujeres.

I LOVE EMPRESARIOS

Evidentemente Ney González puso énfasis durante su administración en enviar señales de simpatía a los empresarios que adquirieron suelo en las cosas de la Riviera Nayarit. Y para los pobladores tuvo su clásico doble discurso: en los hechos nunca refrendó lo que les prometía.

Este año, se difundió otra denuncia similar. Cito a Jorge Olmos, periodista vallartense: En la playa Destiladeras, Héctor Cárdenas Curiel y sus socios, con la misma complicidad del gobernador Ney González, están siguiendo el mismo modus operandi que aplicaron en Punta Raza: primero cercaron con malla la franja donde pretenden levantar el desarrollo turístico residencial Nahui, y han colocado guardias de seguridad privada para restringir el acceso a la playa, incluso han impuesto un horario de entrada y salida, como si la playa fuera de ellos”.

Es decir, uno más de los saldos sexenales fue este: un problema social no atendido. De ahí que sea un acierto de Roberto Sandoval concebir el programa "Riviera Nayarit para Todos" que costará al menos 10 millones de pesos, que se invertirán en 38 accesos a las playas libres, para construir rampas, baños, regaderas, torres, boyados, señalización, botes ecológicos y salvavidas. Así se desactiva oportunamente una bomba de tiempo, para que el Tianguis Turístico 2012 se lleve a cabo sin sobresaltos. Un acto de justicia social, sin duda.

Evidentemente la gestión de la apertura de las ventanas al mar no era un tema en la agenda del diputado Omar Reynozo, ni tampoco de la 30 Legislatura. Las utilidades políticas de esta acción van directo a la contabilidad del gobernador, quien va consolidando un estilo popular que evoca al sexenio de don Emilio M. González.

DE BUENA FUENTE: Debe recalibrar la mira el líder de la actual Legislatura local, pues en varios temas de coyuntura se nota que la agenda legislativa está desconectada de las emergencias sociales. En el caso de la concesión de la “Arena Cora”, el ingeniero Armando García Jiménez dijo “no nos corresponde”. En el caso de la Playa del Rey –sitio sagrado huichol concesionado por SEMARNAT a dos empresas turísticas- la denuncia llegó a los medios y fue gestionada por el senador Javier Castellón sin que alguno de los diputados locales dijera “yo le entro”. Y, en general, en muchos de los expedientes del momento se nota que los representantes populares traen o miopía o ritmo semilento. Y cuando se movieron lo hicieron como facción, en sentido contrario al sentir popular, como en el problema de los basificados que agobian las finanzas públicas.

Si el Congreso local no se monta oportunamente en los temas que mueven el debate local estarán pagando el costo de oportunidad, y prematuramente se estarán configurando como una Legislatura al estilo de su predecesora, la que condujo Manuel Narváez, reprobada por los ciudadanos, al grado que ninguno de sus diputados del PRI pudo llegar a alguna alcaldía en 2011.

Twitter: @ehq

No hay comentarios: