Diputados glosando; sociedad bostezando

El Congreso,

mal compañero de viaje

Solamente una Legislatura acrítica como la actual puede justificar que una de sus funciones sustantivas más importantes, evaluar el desempeño del Poder Ejecutivo, se lleve a cabo de manera casi clandestina, cuando ya el tema del Informe del gobernador –presentado hace 2 meses y medio- dejó de ser un tema de interés social.
Leo sin interés la información que fluye del Congreso local. El jueves pasado los diputados “analizaron” los rubros de empleo y educación. Bla bla bla…
No entiendo porqué siendo el de Ney González un perfil de un político modernizador ninguno de sus operadores sexenales hizo algo por mejorar los caducos esquemas operativos del Poder Legislativo.

SI YA LES HABÍAN DICHO, PUES
La COPARMEX documentó en su estudio ICUR (Índice COPARMEX de uso de recursos) 2008 que la única desventaja –contra 9 ventajas- que presenta el gobierno nayarita en el rubro “Profesionalismo gubernamental” es la de “Evaluación del Informe de Gobierno” con una calificación de 3.3 en escala de 1 al 10, para ubicarse en el lugar 26 del país.
Ni siquiera este análisis tan comentado a nivel local, por el sitial de privilegio que ocupó Nayarit, provocó una reacción en la planta alta de Palacio, mucho menos en la anterior ni en la actual Legislatura.
Así, en los hechos, la funcionalidad política que la COPARMEX evalúa como una ventaja de Nayarit –la mayoría legislativa del partido del gobernador- se vuelve inocua, pues el sesgo que le ha dado al Congreso el diputado Manuel Narváez es de gris comparsa.
A Ney no le conviene que sus cifras y datos, además de otras reflexiones cualitativas, se pierdan en discursos intrascendentes, sin conexión con los temas que en estos días de marzo interesan a la sociedad.

UNA SIMPLE OFICINA DE TRÁMITES
Si Narváez cree que ha cumplido al sacar adelante todas las iniciativas que se presentaron está en un error. También han fallado los funcionarios del gobernador que moldearon una relación Ejecutivo-Legislativo en la que se privilegió el qué, sin reparar en el cómo. La mayoría de las leyes nuevas y reformas sexenales carecen de la mínima legitimidad deseable.
Resulta inaudito, por ejemplo, que los diputados –incluso los que tienen como profesión la licenciatura en Derecho- hayan guardado ignominioso silencio al aprobar algunas iniciativas altamente cuestionables del 2005 a la fecha, como otorgarle personalidad jurídica a los cigotos, penalizar el ciberterrorismo, excluir al DIF de la obligación de presentar cuentas públicas, posibilitar que haya notarios de 25 años de edad, y crecer el pleno del Tribunal de Justicia de 7 a 17 magistrados.
Es tan mediana la operación legislativa que uno de los asuntos más censurados socialmente –la famosa Ley Mordaza de diciembre del 2008- se tramitó al interior de la bancada priísta con la clásica “Por indicaciones del C.” en una tarjeta ¡por escrito!, firmada por Manuel Narváez. Carajo, doble pecado, tanto en la forma como en el fondo.
Así, en estos días de Feria, con ambiente de prevacacional, los señores diputados hacen la glosa del Informe de Ney ante el más absoluto desinterés ciudadano. No es buen compañero de viaje un Congreso así.
Si los representantes populares con aspiraciones políticas serias –como Pablo Montoya o Antonio Carrillo- no hacen algo por desmarcarse de la grisura que envuelve a la 29 Legislatura, un sector importante del electorado les facturará el haber procesado una agenda legislativa ajena a los intereses ciudadanos, benéfica sólo para burócratas y políticos.

DE BUENA FUENTE 1: Apenas hace 6 días las organizaciones empresariales propusieron a las autoridades mejorar el clima de comunicación con la sociedad cuando ayer la primicia y los detalles del enfrentamiento armado por la avenida Rey Nayar la tuvieron los ciudadanos y periodistas independientes, y nó los funcionarios ni las dependencias involucradas.

DE BUENA FUENTE 2: De acuerdo con la Procuraduría General de la República (PGR), Nayarit es el estado con un mayor índice delictivo ambiental. En números fríos, en nuestra entidad se registran 8.89 procesos por cada millón de habitantes al año.

DE BUENA FUENTE 3: Empieza a crecer un debate –que por primera vez lo ví entre usuarios de Twitter- respecto a la legalidad de las nuevas placas de los vehículos automotores, pues hay quien afirma que no cumplen con las especificaciones de la norma oficial mexicana NOM-001-SCT-2-2000, la cual señala que éstas deben traer ya sea en la parte superior o en la inferior de la placa, el nombre del estado en donde esté registrado el vehiculo, y aparentemente en esta ocasión se fijó la leyenda “Riviera Nayarit” y nó Nayarit.
Seguramente algunos de los críticos de esta medida llegarán a las instancias jurisdiccionales para ver si es o nó legal este tipo de placas. Hay riesgo pues, en el caso de los fans de no reemplazamiento ganen la batalla legal, de que el asunto le cueste varios cientos de miles de pesos –quizá millones- al erario.

DE BUENA FUENTE 4: Buen ahorro lleva ya el Congreso local al mantener acéfala la Secretaría General, pues según información oficial el sueldo del funcionario que ocupe esa posición es de 25,300 pesos de salario base mensual más una compensación de hasta ¡56,800 pesos! Es decir, 82,100 pesos por mes, y considerando que ya van 5 quincenas sin titular, pues son más de 200 mil pesos economizados. Con razón se queja el ahora magistrado Manuel Salinas de que gana menos ahora que es magistrado.

Un adjetivo para recordar a Ney

Suelo platicar mucho con nayaritas que gustan del tema político. De todos colores. Y encuentro una coincidencia con ellos. La percepción generalizada de que más allá de la obra material, es momento de que Ney González afine su legado político, es decir, un aporte trascendental a la convivencia social de los nayaritas.
La gente tiende a identificar a la obra política de un sexenio con las reformas constitucionales y legales de ese período. No es así. Los aportes políticos de un gobernante van más allá. Sintetizan todas las metas sexenales en una idea: la renovación moral; la modernización; la novación; el empoderamiento ciudadano; la justicia social.
Hace tiempo Ney señaló –en septiembre del 2009- que iniciaba el tercer tercio de su período como gobernador de Nayarit. De tal suerte que la actividad gubernamental giró en base a metas bianuales, y quizá esta peculiar –y necesaria, creo- partición del sexenio hizo que se diluyera la posibilidad de condensar todas las metas del 2005 al 2011 en una idea englobadora.
Percibo que quizá Ney nos legue como obra política la paradoja de la obra material. Es decir, la noción de un “gobierno constructor”. No es mala idea, eh. Sin embargo, los ajustes al presupuesto y algunos imprevistos –como la fallida licitación de la autopista estatal Xalisco-Bucerías, o la modificación del proyecto estadios del bicentenario- podrían reñir con la propuesta de la obra pública como sello distintivo del sexenio.
En algún momento pensé que –siendo Ney abogado- que su carta de presentación transexenal sería una nueva y moderna Constitución Política. No fue así. Su equipo de política interna no supo hacer un trabajo de cabildeo social para legitimar la actualización del marco normativo.

EN JUEGO EL “JUICIO HISTÓRICO”
Le restan a Ney 19 meses de trabajo, los de salida, en los que puede trabajar orientadamente para fijar su marca. Podría ser un ejercicio equilibrador, por ejemplo, en pro de recuperar la seguridad pública. O meter en la agenda un esfuerzo por lograr unir a las figuras políticas antagónicas en algún tema específico.
Las cartas credenciales de Ney rumbo al 2012 mucho dependerán de lo que haga de aquí a septiembre del año que entra. Por ello estimamos que hace falta un “plus” que defina a todo el sexenio.
Los avances que se registran se dan en rubros diversos. Ello atomiza.
A fines del 2011 la gente debatirá el sexenio de Ney González y nadie hojeará el Plan Estatal de Desarrollo para emitir un veredicto objetivo. Se irá con una idea. A los gobernantes se les suele calificar con un sólo adjetivo: un modernizador, un constructor, un reformador, un humanista, un represor, un conciliador, un corrupto, un sectario, un austero, un justiciero, un incluyente, un amigo.
Hay material para que Ney trascienda positivamente el sexenio, sin duda. Claro, es necesario hacer ajustes –algunos de ellos dolorosos- para modelar perfectamente el adjetivo con el que lo calificaremos. Eliminar las ambivalencias o contrasentidos institucionales, pues.
Muchas veces en el sexenio se toman decisiones sin pensar en lo que se llama el juicio histórico de la sociedad. Es momento de que Ney reflexione en todos los hechos y acciones que hoy son motivo de que la gente le ponga “peros” a ciertos calificativos benévolos.
Si la idea es que Ney trascienda a la memoria colectiva –por ejemplo- como un “transformador” o “modernizador”, habrá que escuchar a quienes tienen un argumento para oponerse a tal calificativo.
Muchos de los interlocutores con Ney tienen una visión sesgada de los logros de esta administración, lo cual es sumamente dañino. Necesitan oxigenar sus diagnósticos para poder recalibrar y mejorar algunos rubros.
No es poco lo que está en juego: el veredicto popular a un sexenio.

DE BUENA FUENTE 1: Interesante conferencia dictó ayer el catalán Xavier Domínguez en el Teatro del IMSS auspiciado por el movimiento “Tu sumas”. Trascendente, por ejemplo, sus buenos comentarios hacia Ney González y el uso de las tecnologías de la información para mantener contacto con la sociedad. Y es que si el cerebro detrás de los movimientos de Gerardo Montenegro rumbo al 2011 ve con buenos ojos al gobernador, es señal de que esa corriente política –en contraste con otras- le apuesta a mantener un respaldo público a Ney, un gesto valioso que pudiera ser decisivo en las negociaciones internas del PRI para definir al candidato a la gubernatura.

DE BUENA FUENTE 2: El 6 de marzo volverá a Nayarit el presidente Felipe Calderón, sólo que esa vez se hará acompañar de la golfista Lorena Ochoa y del legendario australiano Greg Norman “el tiburón”, diseñador del campo de golf de Litibú.

DE BUENA FUENTE 3: De Mozambique a Jesús María. El papá Benedicto XVI nombró como obispo de Jesús María, en la sierra nayarita, al sacerdote José de Jesús González Hernández, quien proviene de la lejana Mozambique.
El nuevo obispo tiene 46 años de edad y es originario de Etzatlán, Jalisco. Y ha realizado funciones propias de su ministerio en Tierra Santa, Bélgica y Suecia.

Los clones de Juan Vargas

Juan Vargas aplicó la ley a su manera. Estableció un código paralelo a la legislación vigente. En descargo de él habría que decir que antes de ser alcalde era un modesto supervisor del servicio de limpia. Sin formación, llega su oportunidad de ejercer el poder en San Pedro de los Saguaros. Y lo demás es historia conocida. ¿La recuerdan? Hablamos de la película “La ley de Herodes” de Luis Estrada.
Acciones como la del famoso Vargas son decodificadas por los ciudadanos como una amable invitación a no cumplir la ley. Por ello, debo decir que me gustaron los conceptos que vertió el gobernador Ney González en Compostela este miércoles, al admitir que “ya sabemos en quienes no hay que confiar, hay gente desleal, en el gobierno mismo”, clones de Juan Vargas, pues.
No solamente es el policía o el agente de tránsito, el juez o el inspector de obra. Muchas altas autoridades también envían al pueblo la señal de que la ley se puede pisotear –o alterar para servir a situaciones particulares-, cincelando así una sociedad corrupta.
Sin embargo, es una de las facetas más difíciles de un sexenio, hacer que la cultura de la legalidad sea uno de los ejes centrales de la actividad gubernamental.
AUDITORES Y PERIODISTAS
Ney asume el cargo en 2005 cuando hay un entorno vigilante, auditor, a diferencia de cualquier otro sexenio previo. Comisión de Transparencia, Tribunal Administrativo, Comisión de Derechos Humanos y Órgano de Fiscalización Superior, por el lado institucional; una oposición política bien identificada con dos liderazgos fuertes; y –sobre todo- una sociedad que hace uso de las tecnologías de la información (el término Web 2.0 se acuña en 2004) para maximizar errores institucionales aquí y en medios nacionales. Y eso sin contar el “fuego amigo”…
Y en un escenario de funcionalidad política (la mayoría parlamentaria local identificada con el partido que detenta el Poder Ejecutivo) los aciertos y yerros de las Legislaturas 28 y 29 también se cargan a la contabilidad de Ney González como activos y pasivos.
Así pues, en esas condiciones –y es algo que deben entender los fidelizados del sexenio- son más grandes las vitrinas en las que puede uno mirar los errores administrativos o los abusos deliberados, y el mundo virtual es amplificador de esos datos, como no pasaba en los sexenios previos.
Que bueno que Ney abandera una crítica contra los malos servidores públicos. Tal como están las cosas, un desliz del empleado menor hasta el caso más grave de corrupción se van a publicitar ostentosamente, en medios formales e informales, con costos políticos y sociales para el gobernador.
En otros sexenios el daño era menor. Hoy todo cambió. Quizá sea injusto, pero así funciona la relación ciudadano-medios-autoridad.
¿SANCIONARÁN A LOS DESLEALES?
Las historias de los Juanes Vargas circulan hace tiempo, casi desde que inicio la administración de Ney. Los códigos vigentes de la política en Nayarit y en México establecen que a partir del 19 de septiembre del 2011, cuando inicie el nuevo sexenio, muchos casos más empezarán a circular, ya sea por la vía de las denuncias administrativas y penales, ya por la red, ya por los medios tradicionales.
Entre menos asuntos de este tipo lleguen sin la sanción debida al día en que tome posesión el nuevo gobernador, mejor será el juicio histórico hacia Ney.
Ojalá que esa “gente desleal” a la que se refirió el gobernador en Compostela, sea sancionada ejemplarmente.

DE BUENA FUENTE: ¿Irá a ser la Secretaría General del Congreso –acéfala desde hace 70 días- un premio de consolación para Alejandro Talavera o Raúl Rosales, funcionarios legislativos que aspiraron a dirigir el ITAI?

Una carta para leerse sin fobias

El pronunciamiento de las 8 cámaras empresariales de Nayarit hecho público este miércoles debe tomarse sin fobias, sin buscarle trasfondos políticos, sin querer encontrar algún mensaje entre líneas, con objetividad, sin paranoia.
Hay algo que debe valorar la autoridad: El discurso público de los líderes del sector privado es amable; el tono de sus disquisiciones particulares es otro, más severo. Debe tomarse nota de ello, para evitar que una visión sesgada o un desdén inoportuno detone un endurecimiento inconveniente en las justificables posturas del empresariado local.
La carta abierta de ayer es parte del “abc” de cualquier dirigencia empresarial. No puede ser de otro modo. Son portavoces de sentimientos que el gobernador Ney González conoce bien. Comerciantes y prestadores de servicio que han sentido una merma significativa en sus ingresos en las últimas semanas. Familias enteras que han modificado hábitos y costumbres para evitar salir a la calle de noche.

TODOS UNIDOS, AL FIN
No debe pasar desapercibido que ayer en el salón del Carmen del Hotel Real de don Juan se reunieron todos los gremios patronales, incluso el Consejo Empresarial de Nayarit de Alfredo Madrigal que se había resistido a coincidir con la COPARMEX de Alfonso Pérez y la CANACINTRA de Roberto Milton Rubio, las de mayor membresía. El ambiente de inseguridad los unió.
El documento no presenta complicaciones en su redacción. Contextualiza bien el ambiente de Nayarit con la situación nacional y propone cuatro medidas muy claras: 1-Mayor fluidez de información institucional oportuna para evitar rumores; 2-Más presencia de autoridades federales (civiles y militares); 3-Modelar y socializar acciones para el corto y mediano plazos; y 4-Echar a andar, por fin, el Observatorio Ciudadano.
Inteligentemente ayer Ney González metió un punto en su agenda que tiene que ver con la preocupación de la iniciativa privada: inauguró en Guayabitos un centro regional de seguridad pública. Bien hecho. Manda la señal que está trabajando en el tema.
Hay algo que debe reconocérsele a Ney. Nunca antes su gabinete de seguridad pública había sido tan sólido en cuanto a perfiles. Oscar Herrera, Fernando Carvajal, Héctor Benítez y Julio Betancourt son profesionistas experimentados en sus encomiendas. En el pasado los criterios políticos y endogámicos pusieron a personas sin credenciales adecuadas en algunos cargos, tanto en el Consejo Estatal como en la Dirección de Seguridad Pública. Para qué citar nombres.
Sin embargo, conviene que los 4 puntos propuestos por la I.P. se procesen también, para no crecer el distanciamiento institucional que hay con algunos hombres de negocio a partir de algunos errores operativos de Vielka Irais Rivera, titular de SEDECO desde enero de este año, quien ha omitido algunas reglas básicas de cortesía y cabildeo –un mal que afecta a muchos en el gabinete, la verdad-, específicamente con los líderes de la CANACINTRA, quienes hace algunos días manifestaron públicamente su molestia con la funcionaria. Ayer aproveché el evento para preguntar por este asunto. “Seguimos en las mismas”, me respondieron. Punto malo.

DE BUENA FUENTE: José Luis Naya González, exdelegado de la Secretaría de Gobernación, y desde 2005 titular de la unidad de enlace –para efectos de aplicación de la Ley de Transparencia- en la Secretaría de Finanzas será en sucesor de Miguel Madero en el ITAI.
Sin duda alguna es un acierto de los diputados locales, pues benefician a un profesionista que conoce al dedillo el marco legal del acceso a la documentación pública, y que por su capacidad en estos menesteres ha sido ponente en algunos cursos.

DE BUENA FUENTE 2: Jueves y viernes de asueto tendrá la UAN hoy y mañana. Que por el día del empleado administrativo y por el 34 aniversario del SPAUAN. Un día por cada ente. Que chulada.

DE BUENA FUENTE 3: Hoy que arranca la Feria de la Mexicanidad conviene recordar que hace 10 días el arqueólogo Julio Celis Polanco, director del museo de Acámbaro, dio a conocer que tras 20 años de estudio de las culturas del Bajío, el origen de la Mexicanidad es Guanajuato, y no Nayarit.
El experto ha entablado contactos con el INAH para demostrarles que de acuerdo a diversos códices y vestigios tiene pruebas de que las tribus que fundaron la Gran Tenochtitlan partieron de esa región.
Su trabajo le valió ya la mención honorífica y recomendación de publicación de tesis por la Academia de la Escuela Nacional de Antropología e Historia.
Y por Nayarit, ¿quiénes replicarán esa versión?

Un cuento de terror: el magistrado emergente

El 16 de diciembre del 2009, por la noche, se reunieron los ocho profesionistas -7 varones y una dama- que al día siguiente tomarían posesión como nuevos magistrados del Tribunal Superior de Justicia. La cita fue en una casona al norte de la ciudad. No asistieron los dos no afines a sus intereses, Ismael González Parra -propuesto por el magisterio-, ni Ana Isabel Velasco, cuyo nombre era barajado junto al de Edmundo Ramírez como propuestas del PRD, enmedio de una tensa negociación interna adicionada con un veto exterior al talentoso Edmundo, vinculado al navarrismo.
Por ahí de las 11 de la noche un operador de Palacio –quien preparaba las 10 ternas que llevarían a la sesión del Congreso del día siguiente- les pidió por celular a los 8 afortunados que a primera hora llevaran sus documentos personales. Acta de nacimiento, título y cédula profesional, etcétera.
A las 9 de la mañana del jueves 17 de diciembre -2 horas antes de la sesión en el Poder Legislativo- una atribulada profesionista, presente en el encuentro de la noche previa, y dícese que funcionaria de la Comisión estatal de Derechos Humanos, comunicaba la mala nueva al subsecretario de asuntos jurídicos Pedro Enríquez, quien revisaba los 30 nombres que propondría el gobernador al Pleno. “No encontré mis papeles”, explicó con angustia.
La premura con la que se había operado la reforma judicial –a contrarreloj- no había permitido que los “palomeados” tuvieran un poco más de tiempo para entregar la documentación comprobatoria de su idoneidad para tan delicados cargos.

RIESGOS DEL FAST TRACK
Trece días antes, el 4 de diciembre, el diputado Julio Mondragón había presentado en 41 fojas la iniciativa de reforma judicial -presumiblemente preparada en Palacio- que incrementó locuazmente de 7 a 17 el número de magistrados. El día 8 se dictaminó en comisiones del Congreso. El 9 de diciembre se le da primera lectura en la sesión de Pleno. El sábado 12 –el “día de la virgen”- con dispensa de la segunda lectura se aprueba con 28 votos a favor, una abstensión y plausible un voto en contra. Un fast track sin un ápice de legitimación con la opinión social.

Vía Blackberry, Pedro informó a sus superiores el grave imprevisto. Tras una lluvia de ideas bidireccional se acordó entonces echar mano de un “magistrado emergente”. –Que sea fulano de tal-.
Por el conmutador le marcaron a su extensión, la oficina de asuntos agrarios, esa de tan pobre desempeño sexenal. En los pasillos de Palacio se comentaba que no había ganado un solo asunto en los tribunales especializados. “Vaya a su casa inmediatamente y traiga copia de su curriculum con sus anexos. Es urgente”, le ordenaron.
Al “cuarto para las doce” del jueves 17 llegó el expediente con las 10 ternas. Obsequiosos, en la oficialía de partes del Congreso sellaron de recibido con la fecha del día anterior.
Minutos después, en el Pleno se daban a conocer los 30 nombres de los licenciados en Derecho que serían evaluados por los diputados de la Comisión de Gobernación ¡en una veloz sesión paralela!

¡SÍ, PROTESTO!

Ese mismo día por la tarde, y para sorpresa de muchos, ese funcionario que por la mañana tomaba café plácidamente en su cubículo llegó a la sede del palacio legislativo sin saludar a nadie, no por descortés, sino por desconocido. Vestía un blazer color tabaco y pantalón café y una extraña corbata. Se sentía extraño en atuendo semi formal. Aguardó en una sala anexa a la oficina del diputado Manuel Narváez y –llegado el momento- entró a la sala de sesiones “Benito Juárez”.
Se acomodó junto a sus nuevos compañeros en el extremo derecho, entre Pedro Álvarez y Manuel Salinas, levantó la diestra y protestó como nuevo magistrado del Poder Judicial de Nayarit durante la próxima década.
Así, por esas coincidencias del destino, Rodolfo Adrián Rodríguez Alcántar, el empleado número 18023 del gobierno estatal, en el día más extraño de su vida, hizo realidad el sueño de cientos de abogados y abogadas nayaritas: ser magistrado.
Y todo por unos documentos extraviados…

DE BUENA FUENTE: Ayer se inauguró un curso de capacitación merecedor de aplausos. Personal del Órgano de Fiscalización superior –al mando de un profesionista con evidente vocación académica, Salvador Íñiguez- actualizó a los administradores de todas las Secretarías del Poder Ejecutivo. La idea es minimizar observaciones del ente auditor y preparar el terreno para la entrega-recepción del 2011.

43.1 millones, ¿Para qué?

Hay problemas presupuestales en el 2010, según lo que deslizó Roberto Mejía, el Secretario general de Gobierno, al inicio del período ordinario de sesiones del Congreso la semana pasada. Se advierten dificultades para cubrir el costo de la reforma judicial de diciembre, esa que incrementó de 7 a 17 el número de magistrados, leo en las columnas de Guillermo Aguirre y Jorge Vargas.
A finales de enero el Consejo de la Judicatura del Tribunal Superior de Justicia determinó que para hacer frente al incremento de la burocracia judicial necesitaría una ampliación de 48.3 millones de pesos en este año, de los cuales 43.1 millones son para pagar sueldos y oficinas de los 10 magistrados y su personal de apoyo (10 secretarias y 30 ¿o 40? proyectistas). El resto, 5.2 MDP son para liquidar incrementos y prestaciones al personal de base.
Lo peor del asunto es que uno de los ejes de la “reforma judicial” aprobada el 17 de diciembre por los diputados locales es que los nayaritas tendremos una sala de justicia constitucional local. Y algo que los diputados nunca supieron fue que la experiencia en México en esa materia es tremendamente árida. De ahí que valga la pena preguntarse si no cometieron un error al dar su voto en el pleno a una materia que no resuelve problemas de convivencia social.

14 JUICIOS RESUELTOS Y ¡1 SOLO AMPARO LOCAL!
Según la estadística del doctor Julio Bustillos investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM sobre la eficacia de la justicia constitucional local en el siglo XXI, del 2000 a junio del 2008 apenas se resolvieron de fondo ¡14 míseros asuntos! en 20 estados con medios de control constitucional. Otros 19 se sobreseyeron o desecharon en el mismo período.Solamente 6 de 20 estados registraron práctica jurisdiccional en la materia y el 50% de los asuntos se desahogaron en Coahuila, es decir, otros 7 casos se esclarecieron mediante sentencia en 5 estados más. La justicia constitucional local es una entelequia, un mito, un entretenimiento académico. En la calle, la gente no la necesita.
Solo hay ¡un sólo caso! de amparo local (en Tlaxcala, ganado por un funcionario que se quejó de desalojo de su centro de trabajo). ¿Para qué crear esta figura en Nayarit si en la praxis nacional ha sido olímpicamente desdeñado? Quizá a los diputados les gustó la argumentación contenida en la iniciativa que presentó formalmente Julio Mondragón el 4 de diciembre en este renglón: “El juicio de protección de derechos fundamentales debe convertirse en un instrumento popular, para que cualquier ciudadano afectado exija ante la Sala Constitucional la restitución del derecho violado”. Pamplinas. Está acreditado que los amparos locales no sirven.
El doctor Bustillos, quien hace las veces de “aguafiestas” de los académicos en los Congresos sobre este tema, documentó también lo burocratizado que nació esta actividad jurisdiccional. El promedio que demoran los juicios constitucionales locales es de ¡256 días! De ahí que los casos presentados y resueltos en los últimos años en todo el país sean realmente pocos: 2004, 1; 2005, 1; 2006; 6; 2007; 6. No hay interés institucional ni de particulares en estos mecanismos.

TUTELAR LA CONSTITUCIÓN LOCAL ¿PARA QUÉ?
Nayarit se embarca en esta aventura a partir de meras especulaciones teóricas sin un ápice de reflexión sociológica (conexión con la realidad). Seguramente el autor real de esta reforma –Pedro Antonio Enríquez Soto- ocultó en sus tarjetas informativas la inoperancia de estas salas en los Tribunales de otras entidades. Operó para que la aprobaran a ciegas.
Hoy que las familias de frijoleros están en la antesala de una severa crisis de ingresos, o que se sabe que uno de los problemas estructurales de la seguridad pública son las bajas percepciones de los policías y agentes ministeriales, se antoja un absurdo abuso que un sistema de tutela de la Constitución no pedido por nadie –ni por justiciables, ni por litigantes, ni por los gremios de letrados, ni por la burocracia judicial- nos vaya a costar este 2010 43 millones 100 mil pesos.
En 2011 la escasa productividad de la sala constitucional del Tribunal local se convertirá en un “boomerang” para criticar al sexenio, y en especial a la 29 Legislatura, pues en una circunstancia de crisis presupuestal, llevar a los hechos la tesis doctoral de Pedro Enríquez será una pesadilla cara, con severos costos políticos.
Nadie se preocupará en los meses siguientes en presentar una demanda de amparo local, serán poquísimas –quizá ninguna- las controversias constitucionales o las acciones de inconstitucionalidad.
A los diputados los llevaron al baile con esta reforma. Ni supieron lo que aprobaron.
Rigoberto Ochoa Zaragoza hizo un buen dibujo de lo que es en realidad la Constitución local: “Un documento que los aspirantes a ser candidatos consultan cada 3 años”. ¿Para qué destinarle entonces una millonada que sí se necesita en otros ámbitos?

DE BUENA FUENTE: Interesante reto plantea el Tec de Monterrey en el renglón de “competitividad turística” pues según su índice presentado ayer, todas las entidades del país –excepto Quintana Roo- obtiene un puntaje reprobatorio en función del potencial que tienen en la industria sin chimeneas. En estos días lo comentaremos. Por cierto Nayarit no aparece en los 5 mejores lugares.

Pregunta sin respuesta: ¿Y el Observatorio Ciudadano?

Otra vez la molestia de muchas familias nayaritas se mostró este fin de semana. Cientos de voces se unieron –redes sociales, llamadas vía celular, mensajes de texto, charlas virtuales- para expresar enfado, inconformidad, condena, contra la violencia arraigada ya en Tepic. Y es que estos foros informales son el único cauce posible para fluir. La negligencia oficial les negó la posibilidad de tener un foro institucional para conocer y opinar sobre los temas de la seguridad pública: el observatorio ciudadano.
Este era su fin, ser un “ente social encargado de vigilar y auditar las acciones en materia de seguridad publica. Integrado por el rector de la Universidad Autónoma de Nayarit, director del Instituto Tecnológico de Tepic, cámaras empresariales y clubes de servicio”.
Nadie ha dicho una palabra sobre las causas del por qué no se instaló esta instancia durante estos últimos 15 meses. Silencio total. Los funcionarios aparentemente responsables de operar su integración y funcionamiento están ya en otras responsabilidades: una es legisladora, otro es magistrado, un tercero es Secretario de despacho y el último está en tareas de educación superior.

BOMBOS Y PLATILLOS
Lo increíble del caso fue la tremenda difusión que se le dio tanto al macro Acuerdo estatal para el fortalecimiento de la seguridad pública del 26 de noviembre del 2008, como específicamente a la creación de un Observatorio Ciudadano. Según mis cuentas se produjeron 17 boletines temáticos oficiales –ciertamente, un exceso- en 2 días, algunos titulados así: “Necesario conservar a Nayarit como estado seguro: Gobernador Ney González”; “En vigor, Acuerdo Estatal para Fortalecimiento de la Seguridad Pública”; “Oportuna la conformación y puesta en marcha de un observatorio ciudadano: COPARMEX”; “En Nayarit los jóvenes tienen derecho a madurar sanamente: Ney González”; “Insta Director de ITT a sumarse a la cruzada por la seguridad”; “Todos ponemos nuestra parte en el acuerdo para la seguridad: TSJ”; “Estamos listos para participar: FEN”; “Sumar esfuerzos para mejorar seguridad: María Ventura Espinosa”; “Acuerdo para seguridad, acierto del Gobernador Ney González”; “La Marina colabora en el Acuerdo Estatal de Seguridad”; “Ambiente de seguridad y orden en Nayarit: Zepeda Carrillo”; y Nayarit, un estado seguro y de trabajo: José Luis Bernal Valenzuela”.
En uno de esos comunicados un adivino líder de la COPARMEX, Eduardo Ruelas, parecía vaticinar: “…porque perdería su objetivo si únicamente comparecemos a una firma y no se le da el seguimiento que todos buscamos”.
Y así pasó. Fue un error no procesar los 42 compromisos de este Acuerdo, como también es hoy otro yerro el autismo con el que se asume este asunto, como si fuera tema tabú. En contraste, en materia de salud, el gobernador Ney González ha optado por la transparencia informativa, difundiendo con inmediatez los datos oficiales sobre dengue e influenza.

¿SIMPLE DESCUIDO? ¿FALTA DE VOLUNTAD?
Según el especializado Instituto para la Seguridad y la Democracia (INSYDE A.C.) un observatorio ciudadano tiene como fin realizar el “monitoreo de resultados e incidencia” por las instancias comprometidas en un Acuerdo como el que se firmó hace 15 meses en Tepic, y tiene como componentes la “participación ciudadana; corresponsabilidad y rendición de cuentas a la ciudadanía”.
Este organismo identifica 8 condiciones para su funcionamiento, quizá la más importante la “Voluntad política y económica entre autoridades de Estado y organismos involucrados”.
Aún a destiempo, sumarnos a la tendencia nacional sería una buena reacción, sobre todo porque el mes que entra se llevará a cabo la encuesta nacional conocida como “termómetro del delito” y en la que Nayarit tuvo el mejor resultado en todo el país en el indicador de la percepción ciudadana sobre menor inseguridad. Tengo la impresión de que a nivel gubernamental hace falta hacer más, por ejemplo, permitir que el Procurador Oscar Herrera renueve a los mandos medios y superiores de su dependencia.
Difícilmente se repetirá ese sitial de honor este 2010. En un año la situación local cambió dramáticamente. Y –hay que reconocerlo- varios funcionarios cooperaron con omisiones graves para que así fuera.
Somos muchos los que seguimos sin entender las causas por las que el gabinete dejó en el olvido el Acuerdo del 26 de noviembre del 2008. No nos explicamos por qué el Observatorio Ciudadano tuvo muerte prematura.

DE BUENA FUENTE: La página 6 del Meridiano del viernes 19 es ilustrativa de las diferencias entre las instituciones nayaritas y las del DF. “Remueven a magistrado por cobrar doble” es el título de la nota sobre la remoción e inhabilitación del magistrado electoral del DF Miguel Covián Andrade, por cobrar –adicionalmente a su sueldo oficial- un salario como investigador en el CONACYT.
Aquí, lamentablemente, los diputados locales aprobaron en diciembre una reforma al artículo 90 que permite que los nuevos magistrados cobren su quincena en la UAN. Quien preparó la iniciativa –presumiblemente Pedro Enríquez Soto, uno de los beneficiarios- los llevó al baile sin explicarles el trasfondo de esta modificación.

DE BUENA FUENTE 2: Todo apunta a una solución "casera" en la designación del nuevo Presidente del ITAI para los próximos 3 años (recordemos que ya Miguel Madero estuvo 2 de los 5 para los que fue designado), pues de los 7 registrados los diputados aparentemente se decantarán por alguno de 2 funcionarios legislativos: Alejandro Talavera, Director Jurídico del Congreso, o Raúl Rosales, Director Jurídico del Órgano de Fiscalización Superior.

En ambos casos se trata de perfiles institucionales, sin embargo, parece que es mejor momento para Rosales pues además de ser autor de un libro sobre administración pública local, en el caso de Talavera se percibe que la cuota de poder con los gremios de abogados ya se pagó, con el otorgamiento de una magistratura en el Tribunal Administrativo a Martín Mayorga.

En caso de que alguno de ellos sea el afortunado, tendrán que luchar contra un hándicap en contra, pues ambos se desempeñaron -uno formalmente, otro de facto- junto a Manuel Salinas y Pedro Enríquez como arquitectos de muchas reformas legales y constitucionales en este sexenio, esas que se operaron en fast track y sin legitimación social, por lo que sus credenciales profesionales estarían un tanto cuestionadas.