Exactamente dentro de una semana iniciará el primer período de sesiones del segundo año de ejercicio constitucional de la XXIX Legislatura en su nueva y lujosa sede.Seguramente serán días para replantear el estilo del quehacer legislativo, pues tal como ha operado hasta hoy, ha resultado cómodo para la planta alta de Palacio de Gobierno, empero el saldo social ha sido grave. Reformas legales que pasaron de noche por la sociedad, una Constitución aderezada sin la opinión de las voces autorizadas, e incluso, la simbólica y famosa Ley Quiqueto ya en el olvido. Mucha culpa de esto la llevan quienes han delineado –a una cuadra de distancia- la agenda legislativa del 2005 a la fecha.
El uso de los tradicionales y aburridos foros de consulta como método de legitimación de modificaciones al marco normativo contrasta con la dinámica innovadora de Ney González en otros rubros de su sexenio, como el modelo de gestión ante el gobierno federal o la forma de comunicarse con la sociedad.
Queda claro que el gobernador y su gabinete no siempre van al mismo ritmo. Lo lógico debió ser instaurar en 2005 en una agenda incluyente, modernizadora, dinámica, pensando en la proyección nacional de Ney y su administración. Sin embargo, hoy en el concierto nacional, Nayarit nada tiene que presumir en materia de leyes locales. No hemos producido en los últimos 4 años una sola reforma auténtica digna de presumirse a otros Congresos.
ABRIR LA PUERTA EN PALACIO
La Secretaría General de Gobierno, con Cora Cecilia Pinedo, tuvo un sesgo tradicionalista. Hoy, con el doctor Roberto Mejía a cargo, su perfil se presta para hacer en los 2 años restantes lo que no se hizo en los 4 iniciales: patrocinar un diálogo incluyente para que cualquier reforma legal sea producto de un consenso mínimo.
Cierto. El equipo con el que trabaja el doctor Mejía es básicamente el mismo que procesó las indicaciones de su predecesora. Será un reto para ambos –si deciden asumirlo-; para unos adaptarse a un perfil diametralmente distinto a la ortodoxia de Cora Cecilia, y para el doctor, estrenar la mano firme que exigen también ese tipo de cargos, sobre todo para exigir resultados al equipo de trabajo.
La producción jurídica del sexenio ha sido un trabajo de escritorio, básicamente. La auscultación social no ha existido. Si el cambio de timón que se percibe en la agenda de Ney González tras el 5 de julio es una actitud sostenida, sin duda, la relación del Ejecutivo con el Legislativo debe pasar también a una nueva etapa, en la que se privilegie el diálogo de la autoridad con los gobernados para orientar la producción del nuevo Derecho local y la abrogación de imperativos vigentes.
Es momento de que el Congreso discuta cosas que en verdad le interesen a los nayaritas. Y que de la planta alta de Palacio se confeccione una o varias reformas legales, validadas socialmente, que sean orgullo del sexenio, un producto jurídico para exportarse.
DE BUENA FUENTE: Falso o cierto, pero ayer circuló el trascendido mediático –seguramente filtrado por el abogado Eric Coufal- de que en la cumbre de líderes de Norteamérica en Guadalajara sería tratado el caso del litigio entre el empresario Jon Shirley, cuyos intereses gestiona Coufal, y los condominios Aura.
Lo cierto es que el expresidente de Microsoft donó $106,350 dólares en 2008 (hizo donaciones menores en años previos a la causa demócrata) a la campaña de Barack Obama. Pero que el problema inmobiliario que enfrenta Shirley se haya incluido en la agenda del encuentro diplomático es distinto.
El litigante Coufal está dando una pelea total, ciertamente, con un impresionante despliegue mediático. Si su representado gana en las instancias legales, quedará claro que su estrategia funcionó. Pero si se demuestra que no le asiste la razón, puede que ponga en riesgo, incluso, hasta la patente presidencial otorgada el 5 de abril del 2002 para que se desempeñe como cónsul honorario de Austria en 8 estados de la República, pues evidentemente se ampara en este nombramiento para moverse con los representantes de la prensa y en los ámbitos oficiales, aunque se trate de asuntos de su bufete jurídico.
