Una percepción se empieza a horizontalizar en estos días en Nayarit. La de instituciones policiales pasivas, permisivas, ante el crecimiento de los grupos delictivos. Hoy más que nunca es de vital importancia para el gobierno de Ney González que sus mandos del área de seguridad pública den un campanazo urgente, un golpe efectista, pues de no hacerlo se corre el riesgo de que el veredicto sexenal sobre la policía estatal preventiva (PEP) y la agencia estatal investigadora (AEI) sea desastroso.Nayarit cumple ya un semestre en el que el tema número 1 en la agenda ciudadana es el del desbordamiento de la violencia. Muchos nos hemos quedado pasmados ante el evidente enraizamiento que tenía el narcomenudeo en nuestras calles. La gente decodifica que hubo omisión y tolerancia oficial para atacar este boyante negocio.
DEPURAR POLICÍAS: MISIÓN IMPOSIBLE
El estilo de vida de no pocos servidores públicos ligados a actividades ministeriales y policíacas parece confirmar la idea de que parte de las utilidades por venta de alcaloides y mariguana fueron a parar en calidad de sobresueldo a muchas autoridades de diversos rangos. Valientemente el propio gobernador ha deslizado la teoría –socialmente aceptada- de que muchos elementos sirven a dos amos.
De hecho, la percepción de Nayarit como una entidad menos insegura del país –documentada en la encuesta del ICESI de marzo del 2009- merece ahora otra interpretación: no había violencia en las calles porque no hubo combate frontal al crimen organizado.
Para colmo de males, los diseñadores de la ley estatal de seguridad pública candadearon los artículos transitorios de ésta de forma tal que prácticamente eximieron a la actual administración de la obligación de depurar a las policías mediante la práctica de exámenes de control de confianza.
A nivel nacional figuramos junto con Quintana Roo como los estados más lentos en certificar a los centros estatales que evaluarán a los policías.
Hoy que es urgente la depuración de las corporaciones que brindan seguridad pública y persiguen delincuentes, técnicamente es imposible hacerlo. Y estando el fin del sexenio a la vuelta de la esquina no se ve cómo los elementos de la PEP y la AEI van a ayudar a restaurar la imagen del gobierno estatal más o menos en los términos en que lo hizo la Marina con el presidente Felipe Calderón al liquidar a Arturo Beltrán Leyva en diciembre del 2009. Fue oxígeno puro para el gobierno federal.
Será muy difícil para Guillermo Martínez, titular de la AEI, y para Fernando Carvajal, Secretario de Seguridad Pública, lograr operar una o varias acciones salvavidas que tengan efectos contundentes en la opinión pública, pues a éstas alturas del sexenio los intereses creados pesan mucho más que la lealtad institucional o, incluso, el compromiso sexenal.
La gente comenta en foros virtuales que no es posible que sean más eficaces los particulares enrolados en las mafias para detectar a narcomenudistas de bandos contrarios que las mismas policías locales.
Algo tendrán que hacer los funcionarios de Ney para salvar el veredicto popular sobre este sexenio en materia de seguridad pública y combate a los grupos delictivos. Mientras, parece que siguen sirviendo a dos amos.
DE BUENA FUENTE: Parece que finalmente el tema de la deuda pública será abordado por autoridades estatales. No ahora, más adelante. Pero de que habrá una réplica interesante, la habrá. Es sano que el gobierno meta en su agenda un tema que preocupa a muchos.
