Fue en 1999. Debió haber sido abril o mayo. Por razones de mi credo
político, mi superior en la Delegación del ISSSTE, el muy apreciado doctor Bernardo Rodríguez Naya, me pidió
asistir en su representación a una reunión en la sede estatal del PRI.
La mayor parte de los presentes eran delegados federales; realmente
éramos una minoría quienes teníamos un cargo menor. El conductor de la reunión
fue el profesor Alejandro González
Sánchez. En síntesis se trataba de que con base en el priísmo de los
representantes federales, su filia política debía hacerse notar en la próxima
elección de gobernador, el 4 de julio. Como sabemos el aspirante del PRI fue el
doctor Lucas Vallarta.
El encuentro fue realmente cordial, aunque fue evidente que era un
encuentro de dos épocas y de dos culturas. Alejandro
González había dirigido al PRI y al Congreso del Estado 15 años antes.
FUNCIONARIOS QUE SÍ RESPETABAN EL MARCO LEGAL
En concreto la petición que se hizo ahí fue de “comisionar” vehículos
con gasolina para diversas acciones. De manera amable, la mayoría de los
funcionarios le explicaron al anfitrión que la normatividad y los
procedimientos administrativos habían evolucionado de tal forma en el ámbito
federal que era poco menos que improbable responder positivamente a su
petición.
Contrario a mi costumbre, esa vez no dije una sóla palabra. Me dediqué a
escuchar y a asentir. Me agrado ver que la cultura de la legalidad estaba más o
menos afianzada en las delegaciones y representaciones federales. Así se lo
hicieron ver al profesor compostelense.
Recuerdo que cuando hice la síntesis de la reunión en una tarjeta
informativa, el doctor Rodríguez Naya
–un priísta por los cuatro costados- exteriorizó una sonrisa compasiva. Por
encima de su fé política, estaban las instituciones y sus leyes.
Evocó el hecho justo ahora por diversas razones; una de ellas que parece
que las muestras de lealtad partidista a veces rebasan los marcos legales
vigentes. No hablo de un solo partido, sino de todos –o la mayoría- que en
estos momentos ostentan el poder público y tienen a su cargo recursos
materiales, humanos y financieros.
En una elección se debe ser respetuoso en grado extremo. La percepción
de que la autoridad no respeta la ley –hay que leer a Luis Rubio- se procesa a nivel popular como una invitación a que
todos la violenten.
DE BUENA FUENTE: Llamó la atención
de algunos periodistas de medios nacionales –como Pablo Reinah de UNO TV- que el PRI de Nayarit regalara machetes en
Santiago Ixcuintla a los jefes de familia dedicados a la agricultura con motivo
del día del padre, pues la crítica que se hizo al respecto en redes sociales
fue acerca de la “no violencia”. Sin duda, una reacción muy al estilo defeño,
pues se trata de una herramienta de trabajo muy apreciada.
Más allá del enfoque anecdótico del obsequio, seguramente los partidos
opositores al PRI investigarán el peculiar obsequio para determinar que no haya
sido desvío de recursos de los programas de la SEDER.
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