La petición hecha antier por el Gobierno del Estado a los contendientes en las próximas elecciones para no usar el tema de la seguridad como bandera, me parece francamente inadecuado y, en términos semióticos, sumamente revelador.
Apenas en diciembre, las propias autoridades estatales revelaron que en el estudio contratado a Consulta Mitofsky se detectó que el 41.9 por ciento de los nayaritas concordaron en que el principal problema de Nayarit es el de la inseguridad, muy lejos de los temas que ocuparon el segundo y tercer lugar: el desempleo con 17.8% y la crisis económica con un poco más de 14 puntos.
Siendo esa la radiografía de nuestra entidad, sería suicida para los aspirantes y candidatos no cuestionar el estado de cosas en ese renglón, ni proponer alternativas de solución atractivas al electorado.
En todo caso,
LLAMADAS A MISA
Aunque se antoja difícil que haya receptividad de algunos actores locales con este tipo de exhortos, sobre todo porque algunos de ellos fueron víctimas del autismo que caracterizó durante varios años a la planta alta de palacio, sobre todo en la etapa previa a la designación del doctor Roberto Mejía.
Como señal no es bueno que la autoridad ventile este tipo de preocupaciones, pues se decodifica como flojera, como malestar, como temor incluso, sobre todo cuando es al Instituto Estatal Electoral a quien le compete legalmente arbitrar los comicios de julio.
Lo que sí es dable al gabinete es revisar los diferimientos, las inercias, los tropezones y trabas institucionales que tienen a Nayarit –junto a Hidalgo, Quintana Roo y San Luis Potosí- entre los que registran más retraso para en los procesos de evaluación y control de confianza.
No es bueno para una joven funcionaria como Paty Sánchez, estrenarse en el cargo con declaraciones que serán desestimadas por sus receptores, máxime en un tema tan delicado en el que –en contraste con su petición- la sociedad lo que desea es dialogarlo.
DE BUENA FUENTE: Dicen los enterados que son alrededor de 100 millones de pesos los que tendrán que salir de las arcas estatales en las próximas semanas para cubrir dos diversos tipos de adeudos. Primero, 69 millones de pesos –cuando menos- para pagar a los ejidatarios de Pantanal por concepto de pago de la expropiación de
Y alrededor de 30 millones de pesos por concepto de liquidación a diversos servidores públicos que fueron despedidos en esta administración, mediante procedimientos contrarios a Derecho.
En ambos casos, los conocedores estiman que la defensa jurídica del Poder Ejecutivo fue algo así como desastrosa.
