El viernes no fue buen día para Ney González. La renuncia de Humberto Moreira a la presidencia del PRI le salpicó. Ambos comparten el escenario nacional con el tema de los descomunales pasivos heredados a sus sucesores, según San Google. Ambos aparecen invariablemente en los resultados de búsqueda en el mundo virtual asociados al concepto “deuda pública”.
Sin duda, cuando Ney se presente por ahí de febrero o marzo a la oficina del nuevo jerarca priísta Pedro Joaquín Coldwell, éste le dirá que la posibilidad de que sea candidato al Senado son pocas casi nulas por el adjetivo de "deudópata" que a nivel local se le adjudica en medios y redes sociales, cortesía del economista del Tec de Monterrey Jorge Aníbal Montenegro.
Hay que recordar dos datos de contexto que alejaban ya a Ney de una curul en la cámara alta: 1-El excelente momento político que vive el diputado federal Manuel Cota, quien ha provocado un amplio consenso para llegar a la senaduría; y 2-El hecho de que será el PANAL quien proponga a uno de los dos candidatos en la fórmula para el Senado. Sólo una posición será para un priísta.
NAYARIT 2011: UN CAMPO MINADO
Las razones por las cuáles fue sacrificado Moreira estarán vigentes hasta el día de los comicios, el 1° de julio del 2012, y, sin duda, será un criterio que influirá para depurar las listas definitivas de candidatos del PRI. Palomear a un “deudópata” es invitar al PAN, al PRD y a los medios a que destrocen la oferta electoral tricolor.
Por si fuera poco, otra razón de peso será la imposibilidad de acreditar que el relevo sexenal en Nayarit fue terso. Lejos de eso, la percepción generalizada es que le heredó a Roberto Sandoval un campo minado. En el discurso, un estado próspero; en la realidad, un caos financiero por la pesada carga de una burocracia obesa y una asfixiante deuda oculta. Y hay que recordar que la opinión de un gobernador tiene alto peso específico en las negociaciones cupulares en el PRI.
Hay que sumarle además un Poder Judicial endosado a la "Ola Roja" y una Legislatura que no termina por entender que la funcionalidad política decretada el 3 de julio en las urnas implica operar una agenda armónica con el gobernador y no con el exgobernador. Para nadie es un secreto que varios nuevos magistrados del Tribunal local prepararon muchas de las acciones con efectos legales que hoy son un dolor de cabeza para el gabinete sandovalista. Y que el caso del diputado Alejandro Galván simboliza el concepto de lealtad olarrojista: a la persona, no a las instituciones.
ADEUDO A LA UAN, LA GOTA QUE DERRAMÓ EL VASO
El reciente anuncio de Galván para eliminar la tenencia en el 2012 es un claro distractor para boicotear el tema del adeudo a la UAN (más de 180 millones que se dejaron de pagar en noviembre del 2010, con Ney como gobernador). En otros diputados neycistas se registra ya un cierre de filas para que ese delicado expediente no se debata en sesiones.
Para infortunio de Ney, también los universitarios cerraron filas y socializarán en medios un SOS -autorizado en el reciente consejo general- para pedir que les entreguen los montos que la anterior administración estatal sí cobro y nunca transfirió.
Y como cualquier tema que afecte a la comunidad universitaria, al mediatizarse la irresponsable omisión para apoyar en los hechos –mas allá de la retórica- a la UAN, habrá un claro efecto en la imagen del exgobernador, quien se encuentra en un tobogán de popularidad desde hace varios meses. Iniciará enero en condiciones muy pero muy adversas, impensadas de hecho. Aquel 80 y 90 por ciento de aprobación de hace 3 años quedó en nada o casi nada.
Por ello, es fácil advertir que la senaduría ¡se va!
DE BUENA FUENTE: La rectificación hecha por Roberto Sandoval Castañeda en el caso del nombramiento del exdiputado perredista Jesús Castañeda Tejeda como Secretario Técnico de los SEPEN significa que –a diferencia de otros sexenios- la asesoría jurídica que recibe el gobernador hoy está funcionando óptimamente.
No es fácil que un gobernador corrija una decisión por razones de legalidad. Hay que recordar, por ejemplo, el nombramiento hecho por Ney González a favor de Georgina López Arias como directora de IPROVINAY en el sexenio pasado implicó violar el marco legal al no tener la funcionara la edad mínima requerida de 30 años. La solución fue drástica: modificar la Constitución para permitir que los servidores públicos de primer nivel puedan ser designados con 25 años de edad.
Así que es muy loable que desde el inicio del sexenio el gobernador de muestras de que su compromiso con la legalidad está por encima de otro tipo de factores de tipo político o afectivo. Anótese pues un aplauso a Miguel Ahumada y Héctor Benítez, entre otros abogados cercanos al titular del Ejecutivo, por cumplir eficazmente con el rol de brindar asesoría jurídica de calidad en Palacio.
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