Todo comenzó un 4 de diciembre del 2009, cuando el diputado Julio Mondragón presentó una extraña e inesperada iniciativa de reforma al Poder Judicial cuyo rasgo principal fue la descomunal ampliación del Pleno: de 7 a 17 magistrados, más de los que tiene Nuevo León.En realidad lo que hizo el diputado fue prestar un servicio al amparo de los viejos códigos que rigen en la política local, pues tan sólo signó la propuesta para hacerla pasar como propia. Jamás volvió a hacer mención a su contenido, ni a ventilar argumentos a favor.
Apenas ocho días después, el 12 de diciembre, la 29 Legislatura aprobó la iniciativa. Entre otras cosas, se permitió vergonzante autorización para que los magistrados pudieran cobrar sus emolumentos docentes, algo que fue criticado ya por personajes de renombre en el mundo de la ciencia jurídica como el investigador de la UNAM Miguel Carbonell.
Luego, el 17 de diciembre, vinieron los nombres. Una pesadilla para muchos. El colmo fue el escabroso caso de Rodolfo Adrián Rodríguez Alcántar, magistrado por la vía de la "carambola", pues fue propuesto gracias a que una respetable abogado no tuvo a tiempo su documentación para acompañarla con las ternas propuestas por el Ejecutivo.
En este proceso se pisoteó la carrera judicial, pues ninguno de los designados acreditaba experiencia judicial previa.
DI NO A “RANCHEAR”
Ya en enero, vino el primer abuso de poder de los nuevos funcionarios judiciales, al acordar que todos despachen en Tepic –moviendo para ello a la burocracia a un edificio sin condiciones de seguridad adecuadas y que ha merecido las protestas de Agueda Galicia, lideresa del SUTSEM-, y dejan sin efecto quizá el único aspecto benévolo de la reforma: las magistraturas regionales, concebidas para abatir rezagos por la vía de resoluciones interlocutorias en los juicios.
Y en los días previos se documentó en medios, el escándalo causado por los nuevos magistrados al designar colaboradores mediante el criterio del favoritismo, pisoteando los resultados del examen de oposición en el que se registraron centenas de aspirantes.
Uno de los colmos que tienen en una situación de molestia mayúscula al personal del Tribunal y a los profesionistas rechazados, fue la influencia ejercida por los magistrados para acomodar a sus familiares. Es el caso de Eugenio Gabriel Salinas Granda, hijo del magistrado Manuel Salinas Solís, quien fue acomodado como parte del personal que apoya a Pedro Antonio Enríquez Soto.
Este caso de nepotismo simulado, constituye la cereza en el pastel de un proceso suicida e inédito de destrucción de imagen.
SE SOLICITA MAQUILLISTA
Justo cuando la lucha contra el crimen reclama de poderes judiciales legitimados, la operación de esta reforma –gracias a la novatez de Pedro Enríquez- ha posicionado al Tribunal Superior de Justicia en el extremo opuesto: una institución enlodada.
En esta terrible cadena de errores, un detalle trágico empeora las cosas: el asesinato del publicista Alejandro Gutiérrez para de tajo la realización de una encuesta y el diseño de algunas campañas de restauración de imagen institucional que le habían sido encargadas por conducto del magistrado Enríquez.
Ahora, ¿quién le lavará el rostro al Poder Judicial nayarita?
Lejos de parecer un asunto cosmético, se percibe que solamente una cirugía mayor, que extirpe tumores enquistados, puede resolver la crisis de prestigio que envuelve a los señores magistrados.
DE BUENA FUENTE: La propuesta del CP Juan López Salazar, futuro rector de la UAN, de construir un nuevo edificio para albergar a la Preparatoria 1 despertó un gran reconocimiento de maestros y estudiantes. La mítica sede de los bachilleres se edificó hace más de 40 años. Y por su gran conocimiento de fondos disponibles para infraestructura, se entiende que será un hecho.
Eso se llama iniciar campaña con el pie derecho.
