El 15 de abril el diputado Roberto Lomelí Madrigal presentó una iniciativa de reforma a los artículos 79 y 83 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo que se antoja no solamente innecesaria –frente al alud de problemas de la realidad nayarita-, sino que constituye un ejemplo más del manoseo a la ley que se ha gestado en la 29 Legislatura.En los pasillos de la sede congresional se comenta que es un “traje a la medida”, algo que ya ha pasado antes, con reformas para que la norma se ajuste a la realidad (edad mínina para ser funcionario o notario público), cuando lo ideal es que las autoridades ciñan sus decisiones a los imperativos legales en vigor.
¿De qué se trata la propuesta de Roberto Lomelí? De que a los dos funcionarios más importantes del Congreso, el Secretario General y el Oficial Mayor, se les reduzca la restricción de “no haber desempeñado algún cargo de dirección de partido político, ni de elección popular” de 3 años a tan sólo 6 meses, previos a su designación.
CASI 5 MESES SIN SECRETARIO GENERAL
Si bien es cierto que dicha iniciativa aún no se turna a las comisiones respectivas para su dictamen, no deja de ser raro que se presente justo cuando se encuentra acéfala la Secretaría General desde el 17 de diciembre, por lo se intuye que la intervención del diputado Lomelí busca allanarle el camino a alguien que justo con el marco vigente actual no podría desempeñar dicha posición. ¿Acaso Trinidad Espinoza Martínez, el hasta hace poco Secretario general del PRI? ¿o el exdiputado Lucas Vallarta Chan?
De procesarse, como se rumora, los diputados locales estarían mandando una pésima señal a la ciudadanía, pues los estudiosos del Derecho –como Héctor Fix o Luis Rubio- han acreditado que nada alienta tanto la desobediencia al Derecho como la falta de respeto de las autoridades a las normas.
El manoseo legislativo es uno de los mejores incentivos para que los particulares busquen eludir el cumplimiento de sus obligaciones, pues la señal que se decodifica es que si ni siquiera los diputados –hacedores de leyes- respetan los imperativos vigentes, ¿Por qué sí habrían de hacerlo los simples ciudadanos?
Lo mejor que podría hacer el líder del Congreso Manuel Narváez es optar por una búsqueda de perfiles compatibles con los requisitos vigentes, pues los riesgos de manosear la ley para acomodarla a una circunstancia particular serían lamentables para la muy decaída imagen de la 29 Legislatura.
Aunque si deciden impulsarla, no nos extrañaría nada…
DE BUENA FUENTE: Tepic aparece en el Estudio de Competitividad Urbana 2010 del IMCO como una de las 33 ciudades que aparecen con calificación “media-alta”, al igual que Cancún, Guadalajara, Cuernavaca o Tijuana.
14 ciudades aparecen con el atributo de tener “adecuada” competitividad, como Aguascalientes, Mazatlán, Manzanillo o Querétaro, y sólo Monterrey aparece en el rubro de “alta competitividad”.
De los 11 factores medidos por el Instituto Mexicano para la Competitividad en Tepic, 3 de ellos son calificados con “media baja” y uno con “baja”, por lo que valdría la pena que lo estudiarán los colaboradores de Roberto Sandoval.
