Lo que menos desea un gobernante es que los errores policiales –o de las fuerzas armadas- alteren el ambiente mediático y, como consecuencia, los veredicto sociales.Pasó aquí en Nayarit cuando Raymundo de la Cruz Lemus, de 14 años de edad, cayó abatido por un elemento de la policía judicial en Santa Cruz, Acaponeta, hace 8 años.
Recién sucedió en Tamaulipas, generando una nueva oleada de críticas mediáticas contra la administración del presidente Felipe Calderón por el asesinato de 2 menores por la pésima actuación de soldados destacamentados en la lucha contra el crimen organizado.
Lo que aconteció antier por la tarde en Coamiles, Tuxpan, -la ejecución por la espalda contra Marco Antonio González Serna- no debe verse con soslayo ni con desdén. Es una cadena de errores concatenados que dejan mal paradas a las instituciones: Tenemos 1-una fuga de un menor del centro para menores, 2-un operativo pésimamente ejecutado, y 3-un desacato a la autoridad y la fuga de los responsables.
UNA CADENA DE ERRORES
La autoridad reaccionó en el tono que merece el hecho, aunque tardíamente. En los medios nacionales se cuestionó la semana pasada que la Secretaría de Gobernación haya tardado 4 horas en emitir un comunicado tras los temblores que afectaron Baja California. Bueno aquí más o menos tardaron 22 horas en salir a dar su versión. En tiempos de la Web 2.0 esto es un suicidio.
Los debates que se pueden abrir a partir de este hecho son diversos; primero, es el asunto de los perfiles, pues habrá que preguntarse si el titular del Centro de Internamiento y Readaptación Social para Adolescentes (CIRSA) acreditaba estudios y experiencia como para manejar una institución de ese tipo, más allá de su evidente fidelidad política.
Y este enfoque aplica a muchos de los elementos de las corporaciones policíacas: uno de los presuntos responsables de este asesinato, el comandante Margarito Ramos, fue dado de baja en el pasado por haber dado positivo a un examen toxicológico.
Otro de los asuntos que se deberán dejar en claro –para evitar una afectación a la imagen del gobernador Ney González- es si hubo complicidad o torpeza de los mandos en la fuga de los responsables. Si un reclamo no ha sido atendido a plenitud en estos últimos años es el de la impunidad de no pocos servidores públicos en el área de la seguridad pública.
Visto el asunto con sentido de oportunidad, se presta la situación para que finalmente se geste una reacción ejemplar, aplicando las sanciones más severas previstas en la Ley de Responsabilidades, además –obvio- de las de carácter penal que evidentemente se justifican.
Un error en el manejo del asunto, tomando en cuenta el entorno nacional sobre este tipo de asuntos, puede costar muy caro.
Parece que este es otro caso más en los que es conveniente que rueden cabezas.
Marco Antonio González Serna tenía 18 años de edad. Cuando se le recluyó en el CIRSA se le acusaba de haberse robado una motocicleta.
DE BUENA FUENTE: Los vecinos del boulevard Colosio, precisamente de las zonas aledañas a Plaza Fórum, decidieron llevar su molestia contra las autoridades a otro nivel. Contrataron un espectacular en el que una simpática niña se tapa la nariz con la mano y un texto describe “Aquí huele feo”.
Este tipo de acciones son definitivamente propias de ciudades más grandes, pero es sano que se presenten ya aquí, para generar mayor presión a la gestión de los temas urbanos por parte de las autoridades.
