Y en Nayarit, ¿cuándo?
De las pocas buenas noticias
provenientes de la fuente parlamentaria, ayer los medios registraron la
aprobación de una iniciativa que pretende erradicar –en el ámbito federal-
prácticas como el diezmo, (cohecho), la
confabulación, la simulación, el tráfico de influencias, la presentación de
información falsa y otros vicios que suelen presentarse en las licitaciones
públicas.
Justo cuando en Nayarit se debate el tema de la
peculiar gestión del diputado Omar
Reynozo como Secretario de Salud, y justo también cuando el Órgano de
Fiscalización Superior estudia la denuncia de la regidora perredista de Bahía
de Banderas, María Duñalds, por un
daño patrimonial estimado en ¡más de 28 millones de pesos!, es cuando nos llega
esta buena noticia del DF.
Las sanciones a imponerse a los infractores de la Ley
consistirían en multa equivalente a la cantidad de mil a cincuenta mil
veces el salario mínimo diario general vigente para el Distrito Federal e inhabilitación
para participar en contrataciones públicas de carácter federal por un periodo
que no será menor de tres meses ni mayor de ocho años para el caso de personas
físicas. Estas sanciones se agrandan considerablemente en el caso de las
personas morales.
La minuta fue aprobada por 335 votos a favor, 13 en contra y 4 abstenciones, es decir, llega
dotada de alta legitimidad. Hay que recordar que previamente fue aprobada en el
Senado.
CONTRALORÍAS, CLAVES EN LA LUCHA ANTICORRUPCIÓN
De todas las figuras que va a sancionar ahora la
Secretaría de la Función Pública, sobresale una que se ha convertido en una
presencia cotidiana en las dependencias gubernamentales: la costumbre de pedir
el diezmo.
No estaría nada mal que a nivel local quienes tienen
derecho de iniciativa busquen reproducir a nivel local una herramienta como
esta. Hasta hoy, los acciones para prevenir y sancionar este tipo de prácticas
que propician el incremento patrimonial de los funcionarios son muy débiles.
Convendría que la 30 Legislatura escuche con atención
los problemas que experimenta el OFS para determinar casos de corrupción por la
forma en que desarrollan su trabajo, esto es, a posteriori. En cambio, y eso lo ha planteado en diversas
ocasiones el auditor general Salvador
Íñiguez Castillo, es en la esfera de las tesorerías y las contralorías
estatal y municipales, donde se pueden (y deben) incrementar las pesquisas para
evitar procesos privados e ilegales de acumulación de capital.
Es bueno que el sexenio de Roberto Sandoval ponga énfasis en su identificación con “la gente”;
ese dato es buen pretexto para que la agenda legislativa salga de la
tradicional esfera de intereses políticos y burocráticos, e incorpore anhelos
ciudadanos tradicionalmente desdeñados.
El sueño de combatir la corrupción administrativa
está ahí, desde hace muchos sexenios, en el costal de deseos de miles y miles
de nayaritas.
DE BUENA FUENTE: Se ve clara la necesidad de que la clase
política fortalezca su presencia en redes sociales, pues el debate entre los
nayaritas y sus autoridades sigue siendo –casi siempre- unilateral. Convendría
que escucharan, por ejemplo a la experta Gisela Rubach, quien antier
dictó cátedra sobre el tema en el Colegio Nacional: “Las redes sociales
llegaron para quedarse”, y la necesidad de “construir contenido, adaptar el
lenguaje a las redes”.
No estaría mal que por lo
menos las instituciones gubernamentales capaciten a gestores de comunidades
para que atajen oportunamente las preguntas, sugerencias, críticas o réplicas
de los usuarios de redes, a efecto de gestionar su imagen de mejor manera. La
ausencia del gobierno en el mundo 2.0 sólo significa que habrá destrucción
de imagen.
Twitter: @ehq
