El proceso de entrega recepción de la administración estatal transcurre sin estridencias, lo cuál no es índice de que haya sorpresas o hallazgos interesantes en los documentos o en los dichos de los equipos de los mandatarios entrante y saliente.
Lo que sí se percibe ya es cierta incomodidad de algunos funcionarios ante los requerimientos de información por parte de quienes empezarán a despachar en el gabinete legal y ampliado a partir del 19 de septiembre.
En redes sociales se ha dejado sentir ese malestar por parte de los aún servidores públicos ante las indagatorias de sus relevos. Se argumenta un aparente pacto político que atenuaría el nivel de las pesquisas en este proceso normado por la ley, pacto que –se deduce- estarían incumpliendo los curiosos nuevos hombres en el poder.
En realidad, la Comisión Conjunta para la entrega recepción tiene amplias facultades para conocer información sobre cualquier ámbito de la administración centralizada y descentralizada. Puede inquirir a través de la Secretaría Técnica –cargo temporal que recae en el o la titular de la Contraloría- a los titulares de dependencias, e incluso, citarlos para que personalmente amplíen detalles o datos.
La negativa de un funcionario a ampliar la información que se le solicite debe ser sancionada de acuerdo a la Ley de Responsabilidades.
OPACIDAD IGUAL A SOSPECHOSISMO
Por si fuera poco, desde junio del 2005 la Ley de Transparencia obliga a las autoridades a poner los documentos públicos en una vitrina, de forma tal que cualquier ciudadano debe tener acceso a facturas, expedientes de obra, licitaciones, pólizas de cheque, nóminas, contratos de personal, etc.
Es decir, no hay ningún argumento legal para que exista opacidad en la entrega de la administración estatal a Roberto Sandoval. Y, en una lógica republicana, no debe existir ningún argumento de tipo político para que haya hermetismo respecto de algunos expedientes o asuntos, por peliagudos que éstos sean.
Por el contrario, cualquier vestigio de secrecía en los funcionarios salientes debe ser interpretado bajo la lógica del sospechosismo. Y vaya que los perfiles de varios que ya se van dan a pensar que –con simple culpa o incluso con dolo- cometieron algunos abusos con los recursos públicos.
Más allá de que se trate de un relevo de un priísta por otro priísta, no hay que ser ingenuos para entender que en realidad se trata de un proceso de alternancia de facto, en el que no hay continuidad del grupo en el poder, sino de un cambio de actores, correligionarios del mismo partido, sí, pero de corrientes políticas diversas.
DE BUENA FUENTE: Al rojo vivo están los trascendidos sobre la conformación del gabinete de Roberto Sandoval y, algunos nombres, provocan aprobación mayúscula. ¿Un exrector a la Procuraduría? ¿Un experimentadísimo exlegislador federal a la Secretaría General de Gobierno? ¿Una gloria del deporte local a atender este renglón?
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