“Obedézcase, pero no se cumpla”

A propósito de las reformas penales de diciembre para castigar al ciber terrorismo a nivel local, valdría la pena preguntarnos si tienen las leyes penales tienen efectos disuasivos.
Digo, porque la señal que mandan los legisladores –y una que otra autoridad- es esa; que las sanciones a quien cometa un ilícito vía Internet no se aplicarán a cuanto grupo social se inconforme con su contenido, y por tanto habrá que esperar que “su obra” tenga un rol meramente preventivo.
Es una reforma cuyos beneficios nadie explica con solidez. Los argumentos de “defensa” de los nuevos tipos penales se han ido hasta ahora por la vía de garantizar impunidad a los críticos de esta medida.
Pero nadie en el Congreso da argumentos o cifras, nadie cita casos de éxito en otros estados, o ejemplos de legislación comparada. No he escuchado una sola explicación convincente sobre la conveniencia de que los nayaritas tengamos sanciones contra el terrorismo electrónico.

¿SOLO EFECTOS DISUASIVOS?
Pensemos entonces en el efecto disuasivo, pues. En Reforma, Jaime Sánchez Susarrey expone a propósito del más reciente debate jurídico nacional: “¿Tiene o no tiene la pena de muerte (o la cadena perpetua) un efecto disuasivo? Si lo tiene, vale la pena discutir el tema. Si no, no. Y como las estadísticas demuestran que no hay correlación, el debate simple y llanamente se cancela”.
El talentoso Mauricio Rosell, en El Universal, da en el clavo cuando habla de lo que sí causa en efecto disuasivo en los delincuentes potenciales: “Existe otro factor que influye en la comisión o no de un delito: las probabilidades que tiene el que viola la ley de ser atrapado por las autoridades… En este sentido, una modificación en la probabilidad de ser capturado puede llegar a tener un efecto disuasivo igual o mayor que el aumento de la pena. Entre más criminales se atrapen, menos redituable será el crimen”.
Así que si queremos acabar con el ciberterrorismo local sabemos que la reforma por sí misma no va a poder. De hecho puede provocar un efecto boomerang, es decir, que se decodifique como un reto, una provocación a los hordas de tecno-maloras, tal y como se puede ver ya en el sitio hazme.net
Por tanto, es absolutamente necesario que el ministerio público local investigue las felonías cibernéticas y consigne a los culpables, obligación que parece un contrasentido –por ahora-, pues riñe con el discurso vigente de la Fiscalía, en el sentido de garantizar impunidad, desde ya, a sectores de la sociedad que desorganizadamente protestaron el reciente producto legislativo.
Tal como están las cosas, los éxitos futuros de la policía cibernética podrán venirse abajo si se operan movilizaciones sociales organizadas a favor de la liberación de los osados internautas.
Y cómo no recordar aquellos episodios novohispanos, cuando las disposiciones jurídicas peninsulares se procesaban con la orden “¡obedézcanse, pero no se cumplan!”…

DE BUENA FUENTE: Que sí compraron el edificio, escuché en las ondas hertzianas. ¿Porqué hacerlo de espalda a la sociedad?, me preguntó este viernes de relax.
Hasta el lunes.