Moralejas legislativas
de diciembre
Debe reconocérsele al diputado Manuel Narváez el tacto para saber reaccionar bien tras un dificilìsimo enero. No hay que ser un sabiondo para entender que su convocatoria a los foros de participación ciudadana para elaborar la agenda legislativa es una señal de buena voluntad a los sectores sociales que no tomaron a bien la aprobación unánime a la iniciativa decembrina de Roberto Lomelí.
Hace bien el líder parlamentario. Esta debe ser –en todo caso- una acción pionera del Congreso para bordar una emergente reconciliación social, pero no la única acción. Debe complementarse con otras en el mismo sentido.
Un Poder Legislativo no puede darse el lujo de forjar consensos intramuros sin la adhesión social correspondiente. Ya vimos que no hubo un paralelismo entre la unanimidad de los 30 diputados y las opiniones populares en las recientes reformas penales.
En este expediente se registraron evidentes errores de operación: Era cierto que la sociedad nayarita reaccionó en diciembre con temor antes inéditas acciones de ciberterrorismo; ¿porqué entonces esa misma sociedad cuestionó después las soluciones modeladas por los representantes populares?
Si con el ahínco con el que se buscó la unanimidad parlamentaria se hubiese cabildeado el respaldo de los gobernados, otra hubiese sido la historia.
PINTARLE ROSTRO AMABLE AL CONGRESO
No creo que los tres foros de consulta popular sean el esquema más adecuado para auscultar a los nayaritas; habrá que esperar acciones posteriores de corte más moderno, es decir, bajo criterios del mundo virtual (sobre todo para incidir en los internautas nayaritas, nicho que –sin mucho agrado- acusó recibo de la famosa reforma penal). Esta convocatoria vale entonces, más que nada, como gesto cicatrizador.
Pero hay más moralejas. El diputado Narváez debería ir calibrando más decisiones para la difícil misión de reposicionar al Congreso. No estaría nada mal que, por ejemplo, le dijeran adiós por siempre al viejo recurso de la “dispensa de trámites” que solo provoca clandestinidad al interior del pleno; o que incorpore formalmente el uso de encuestas para medir la pertinencia de ciertas reformas; o que reestructure una aparentemente desaparecida Dirección de Investigación Legislativa.
Los episodios conocidos de la diputada Patricia Sandoval, o las inconveniente confesiones de Carlos Hernández Ibarría (1-“no analicé la iniciativa” y 2-“nos dieron un bono para automóvil de 250 mil pesos”) tampoco abonaron a que la actual Legislatura saliera del atolladero mediático.
En este entorno la apertura cameral se antojaba necesaria. No más reformas sin el concurso ciudadano. Y luego de los foros, ¿qué sigue?
DE BUENA FUENTE: Mientras las elecciones federales del 2009 acaparan la atención, algunos vivillos trabajan ya en el 2010. Sí, el año de la sucesión rectoral. Al campus llegó el pitazo de que una corriente local, identificada con el PRI, busca acomodar a uno de los suyos en el cargo. Los ghettos universitarios reaccionaron pronto y se blindan contra la posibilidad de que el sucesor de Omar Wicab al frente de la UAN sea un “externo”.
Hace bien el líder parlamentario. Esta debe ser –en todo caso- una acción pionera del Congreso para bordar una emergente reconciliación social, pero no la única acción. Debe complementarse con otras en el mismo sentido.
Un Poder Legislativo no puede darse el lujo de forjar consensos intramuros sin la adhesión social correspondiente. Ya vimos que no hubo un paralelismo entre la unanimidad de los 30 diputados y las opiniones populares en las recientes reformas penales.
En este expediente se registraron evidentes errores de operación: Era cierto que la sociedad nayarita reaccionó en diciembre con temor antes inéditas acciones de ciberterrorismo; ¿porqué entonces esa misma sociedad cuestionó después las soluciones modeladas por los representantes populares?
Si con el ahínco con el que se buscó la unanimidad parlamentaria se hubiese cabildeado el respaldo de los gobernados, otra hubiese sido la historia.
PINTARLE ROSTRO AMABLE AL CONGRESO
No creo que los tres foros de consulta popular sean el esquema más adecuado para auscultar a los nayaritas; habrá que esperar acciones posteriores de corte más moderno, es decir, bajo criterios del mundo virtual (sobre todo para incidir en los internautas nayaritas, nicho que –sin mucho agrado- acusó recibo de la famosa reforma penal). Esta convocatoria vale entonces, más que nada, como gesto cicatrizador.
Pero hay más moralejas. El diputado Narváez debería ir calibrando más decisiones para la difícil misión de reposicionar al Congreso. No estaría nada mal que, por ejemplo, le dijeran adiós por siempre al viejo recurso de la “dispensa de trámites” que solo provoca clandestinidad al interior del pleno; o que incorpore formalmente el uso de encuestas para medir la pertinencia de ciertas reformas; o que reestructure una aparentemente desaparecida Dirección de Investigación Legislativa.
Los episodios conocidos de la diputada Patricia Sandoval, o las inconveniente confesiones de Carlos Hernández Ibarría (1-“no analicé la iniciativa” y 2-“nos dieron un bono para automóvil de 250 mil pesos”) tampoco abonaron a que la actual Legislatura saliera del atolladero mediático.
En este entorno la apertura cameral se antojaba necesaria. No más reformas sin el concurso ciudadano. Y luego de los foros, ¿qué sigue?
DE BUENA FUENTE: Mientras las elecciones federales del 2009 acaparan la atención, algunos vivillos trabajan ya en el 2010. Sí, el año de la sucesión rectoral. Al campus llegó el pitazo de que una corriente local, identificada con el PRI, busca acomodar a uno de los suyos en el cargo. Los ghettos universitarios reaccionaron pronto y se blindan contra la posibilidad de que el sucesor de Omar Wicab al frente de la UAN sea un “externo”.
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