Los derechos utópicos de la señora Barajas

Uno de los daños más terribles a la convivencia social son las leyes declarativas, que consagran derechos y beneficios irrealizables en la realidad. Son leyes –dijera mi compañero de páginas Ernesto Acero- hechas por abogados. Peor aún. Ni siquiera por juristas de visión amplia, sino por letrados devotos del positivismo, adoradores de la norma vigente, enaltecedores de los periódicos oficiales.
En estos días, en una muy documentada nota policíaca de Meridiano conocimos la noticia de las lesiones causadas el 19 de septiembre por José Santos Mendoza Talamantes –marido celoso, actualmente prófugo- a su esposa Guadalupe Barajas Hernández de 52 años de edad.
Desde antes los medios ya habían informado del ambiente infernal que vivía la señora Barajas . Este es el parte de novedades del martes 16 de junio: ”A LAS 07:00 HRS. DEL DIA DE AYER, ELEMENTOS SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPALØ TRASLADARON A ESTA DIRECCION A: ESTANISLAO MONTES SILVA, DE 65 AÑOS DE EDAD, ORIGINARIO Y VECINO DE TEPIC, NAY. CON DOMICILIÓ EN CALLE GUAYABO No. 247 DE LA COL. OJO DE AGUA. POR LOS DELITOS DE LESIONES Y AMENAZAS, EN AGRAVIO DE GUADALUPE BARAJAS HERNANDEZ.”
En teoría tenemos una Ley que garantiza la protección de la integridad física de la señora Barajas. En los hechos, tenemos una mujer muribunda, víctima tanto de los celos enfermizos de su pareja, como de una ley que consagra derechos utópicos, sin conexión con la capacidad instalada del aparato gubernamental (recursos humanos, materiales y financieros).

DICTAMEN DE IMPACTO PRESUPUESTAL, UNA SOLUCIÓN
En otras entidades –como el Estado de México- el marco legal prevé una solución para la capacidad creativa de los autores de iniciativas de leyes o reformas. Un requisito para que una reforma, una adición o una nueva ley pasen al pleno del Congreso local es que una instancia calificada (usualmente la Secretaría de Finanzas o un comité intersecretarial) emita un dictamen de impacto presupuestal, es decir, una opinión basada en criterios técnicos sobre cuánto nos va a costar hacer realidad los derechos o instituciones creados por el legislador.
El gran problema es que la tradición jurídica local –alentada incluso desde las aulas de mi querida Facultad de Derecho de la UAN- concibe que los derechos establecidos por cuanta ley o reforma se publique se realizan por arte de magia. Punto.
Bien harían en retomar las tesis de los sociologistas del Derecho (Héctor Fix Fierro, Gerardo Laveaga o Leticia Bonifaz, por ejemplo) para entender que sólo las "leyes eficaces", en oposición al limitado concepto de “leyes vigentes”, son las que modifican la realidad.
Y obviamente, un requisito para que la ley modifique la realidad que alentó su creación es que las instituciones tengan el personal y los recursos suficientes para cumplimentar las obligaciones contenidas en los nuevos ordenamientos.
Las órdenes de protección que establece la rimbombante Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia a las que tenía derecho la señora Barajas no se pudieron instrumentar.
Desde hace muchos años ha quedado en claro la necesidad de hacerle una reingeniería al modelo de creación de las leyes en Nayarit. Los abogados que han prestado sus servicios a los últimos gobernadores han hecho poco por modernizar estos procesos.
Justo en estos días se anuncian –en voz de Pedro Enríquez, subsecretario de asuntos jurídicos- reformas para prevenir la trata de personas. Bueno sería discutir si es una reforma necesaria, primero, y si los poderes públicos podrán llevar a cabo sus imperativos. Que no sea un caso más de derechos tan vigentes como utópicos, como el derecho de la señora Barajas a que el Estado la proteja contra la violencia intrafamiliar.

DE BUENA FUENTE: Agustín Romano, Daniel Olmedo y ¡adivinaron! Martín Mayorga, integran la terna de candidatos que el Congreso evaluará para nombrar al magistrado del Tribunal Administrativo, en la vacante que dejó Jorge Marmolejo, nuevo magistrado del Tribunal Superior de Justicia.
El fin de semana había trascendido que uno de los integrantes de la terna era Arturo Díaz González, notario público de acreditada buena fama, quien si duda habría hecho aportes trascendentales para abatir el rezago de esa instancia. Ayer, empero, se conoció que Olmedo fue el tercer palomeado.