O, doctores de ética extraviada
La funcionalidad política –cuando la mayoría legislativa pertenece al mismo partido de quien encabeza al Poder Ejecutivo- es campo propicio para que algunos actores aligeren sus convicciones éticas y den rienda suelta a las tentaciones sexenales.
El hecho de que cualquier iniciativa de Ley o reforma va a proceder automáticamente es un incentivo para acomodar el marco legal a necesidades particulares. En la reciente temporada vacacional decembrina -aprovechando que la gente piensa en posadas, aguinaldo y regalos- se procesaron algunas modificaciones constitucionales y legales que son “trajes a la medida”.
Es el caso de la “reforma judicial” desarrollada en apenas 13 días y que permite ahora a los magistrados del Tribunal cobrar adicionalmente sus cheques como docentes en la UAN o en otras instituciones educativas
.
En la iniciativa que presentó el diputado Julio Mondragón el 4 de diciembre –pero cuya autoría intelectual se le adjudica a uno de los beneficiarios de la misma, Pedro Antonio Enríquez Soto- se echó abajo una prohibición que data de un decreto de 1995 que impedía a Magistrados del Tribunal Superior de Justicia, Jueces, Secretarios y Consejeros de la Judicatura en ejercicio, “recibir remuneración con motivo de actividades de tipo académico, científico, literarias o de beneficencia”.
La argumentación presentada para permitir ahora el cobro de salarios por dar clases –sin ninguna referencia a los marcos legales vigentes en la Federación u otros estados- es simplona y tibia: “…en virtud de que con ello, de ninguna manera se violenta la autonomía e independencia del Poder Judicial, sino que al contrario este tipo de actividades dan prestigio a la función judicial y fortalecen la institución”. Cero consideraciones éticas, cero referencia a modificaciones legislativas similares, cero ejercicios de Derecho Comparado o Correlativo.
APROBACIÓN “CON DISPENSA DE DEBATE”
Peor aún. El dictamen dado en la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales y preparado, a su vez, por otro autobeneficiario de la “reforma”, Manuel Salinas Solís, ¡no incluyó ninguna reflexión sobre este apartado de la iniciativa! ¡Ni una sola valoración! Así se procesó: “En el artículo 90 su primer párrafo se modifica para hacer permisivo que los magistrados sean remunerados cuando realicen actividades docentes, literarias o científicas”. Punto. Nada más. Esto es un homenaje al cinismo.
En contraste, en el Poder Judicial de la Federación de conformidad con lo dispuesto en el artículo 101 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se establece que los Ministros de la Suprema Corte, los Magistrados de Circuito, los Jueces de Distrito y los Consejeros de la Judicatura Federal, así como los Magistrados Electorales no pueden aceptar ni desempeñar empleo o encargo de la Federación, de los Estados, del Distrito Federal o de particulares, salvo los cargos no remunerados en asociaciones científicas, docentes, literarias o de beneficencia.
Antier por la tarde inquirí sobre el particular al doctor en Derecho Miguel Carbonell, Coordinador del Área de Derecho Constitucional del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Le expuse –vía Twitter- el arreglo hecho al marco legal vigente y si los magistrados que son catedráticos deberían renunciar a su remuneración docente. Su docta respuesta –que expuse en mi sitio de Facebook- fue contundente: “Sin duda. No pueden tener ingresos distintos a su sueldo". Y vaya que Carbonell es un experto, un doctor de a deveras.
Claro. Entiendo que en su momento tanto Pedro Enríquez como Manuel Salinas –engolosinados con la posibilidad de incrementar sus emolumentos quincenales- no advirtieron a sus superiores del contexto en que se gestaba esta medida poco ética que beneficia también a otros nuevos magistrados como José Miguel Madero Estrada y Thoth Aldrin Lomelí Aguilar, único funcionario que ha mostrado disposición para discutir aspectos de forma y fondo de la reforma judicial. Ambos igualmente docentes de la UAN. Esa es la moral que dan las maestrías y doctorados de nuestra alma máter.
Este viernes 15, esos magistrados-académicos seguramente anotarán en su agenda: “Cobrar quincena en el Tribunal y por la tarde en la UAN”. No se les vaya a olvidar.
En los ranchos la sabiduría popular aconseja: “Hay que ser puercos, pero no tan trompudos”.
DE BUENA FUENTE: Hay calma en la UAN. Se pactó trabajar exclusivamente en tareas institucionales de aquí a Abril. Después de semana santa entrará a la agenda el tema de la sucesión rectoral. Bien operado el asunto por el rector Omar Wicab. El “destape” hecho este miércoles por Luis Manuel Hernández Escobedo, líder de los trabajadores universitarios, no tuvo consecuencias. Ninguno de los aludidos mordió el anzuelo.
El hecho de que cualquier iniciativa de Ley o reforma va a proceder automáticamente es un incentivo para acomodar el marco legal a necesidades particulares. En la reciente temporada vacacional decembrina -aprovechando que la gente piensa en posadas, aguinaldo y regalos- se procesaron algunas modificaciones constitucionales y legales que son “trajes a la medida”.
Es el caso de la “reforma judicial” desarrollada en apenas 13 días y que permite ahora a los magistrados del Tribunal cobrar adicionalmente sus cheques como docentes en la UAN o en otras instituciones educativas
.En la iniciativa que presentó el diputado Julio Mondragón el 4 de diciembre –pero cuya autoría intelectual se le adjudica a uno de los beneficiarios de la misma, Pedro Antonio Enríquez Soto- se echó abajo una prohibición que data de un decreto de 1995 que impedía a Magistrados del Tribunal Superior de Justicia, Jueces, Secretarios y Consejeros de la Judicatura en ejercicio, “recibir remuneración con motivo de actividades de tipo académico, científico, literarias o de beneficencia”.
La argumentación presentada para permitir ahora el cobro de salarios por dar clases –sin ninguna referencia a los marcos legales vigentes en la Federación u otros estados- es simplona y tibia: “…en virtud de que con ello, de ninguna manera se violenta la autonomía e independencia del Poder Judicial, sino que al contrario este tipo de actividades dan prestigio a la función judicial y fortalecen la institución”. Cero consideraciones éticas, cero referencia a modificaciones legislativas similares, cero ejercicios de Derecho Comparado o Correlativo.
APROBACIÓN “CON DISPENSA DE DEBATE”
Peor aún. El dictamen dado en la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales y preparado, a su vez, por otro autobeneficiario de la “reforma”, Manuel Salinas Solís, ¡no incluyó ninguna reflexión sobre este apartado de la iniciativa! ¡Ni una sola valoración! Así se procesó: “En el artículo 90 su primer párrafo se modifica para hacer permisivo que los magistrados sean remunerados cuando realicen actividades docentes, literarias o científicas”. Punto. Nada más. Esto es un homenaje al cinismo.
En contraste, en el Poder Judicial de la Federación de conformidad con lo dispuesto en el artículo 101 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se establece que los Ministros de la Suprema Corte, los Magistrados de Circuito, los Jueces de Distrito y los Consejeros de la Judicatura Federal, así como los Magistrados Electorales no pueden aceptar ni desempeñar empleo o encargo de la Federación, de los Estados, del Distrito Federal o de particulares, salvo los cargos no remunerados en asociaciones científicas, docentes, literarias o de beneficencia.
Antier por la tarde inquirí sobre el particular al doctor en Derecho Miguel Carbonell, Coordinador del Área de Derecho Constitucional del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Le expuse –vía Twitter- el arreglo hecho al marco legal vigente y si los magistrados que son catedráticos deberían renunciar a su remuneración docente. Su docta respuesta –que expuse en mi sitio de Facebook- fue contundente: “Sin duda. No pueden tener ingresos distintos a su sueldo". Y vaya que Carbonell es un experto, un doctor de a deveras.
Claro. Entiendo que en su momento tanto Pedro Enríquez como Manuel Salinas –engolosinados con la posibilidad de incrementar sus emolumentos quincenales- no advirtieron a sus superiores del contexto en que se gestaba esta medida poco ética que beneficia también a otros nuevos magistrados como José Miguel Madero Estrada y Thoth Aldrin Lomelí Aguilar, único funcionario que ha mostrado disposición para discutir aspectos de forma y fondo de la reforma judicial. Ambos igualmente docentes de la UAN. Esa es la moral que dan las maestrías y doctorados de nuestra alma máter.
Este viernes 15, esos magistrados-académicos seguramente anotarán en su agenda: “Cobrar quincena en el Tribunal y por la tarde en la UAN”. No se les vaya a olvidar.
En los ranchos la sabiduría popular aconseja: “Hay que ser puercos, pero no tan trompudos”.
DE BUENA FUENTE: Hay calma en la UAN. Se pactó trabajar exclusivamente en tareas institucionales de aquí a Abril. Después de semana santa entrará a la agenda el tema de la sucesión rectoral. Bien operado el asunto por el rector Omar Wicab. El “destape” hecho este miércoles por Luis Manuel Hernández Escobedo, líder de los trabajadores universitarios, no tuvo consecuencias. Ninguno de los aludidos mordió el anzuelo.
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