El memorándum de Narváez

En la tradición de yerros jurídicos locales, la cereza en el pastel es el memorándum enviado por el Presidente de la Comisión de Gobierno Legislativo de la 29 Legislatura, Manuel Narváez, al Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación la semana pasada.
El documento, al cuál no se le dio publicidad por parte de sus autores, planteaba una supuesta causal de improcedencia. El Congreso le hizo saber a la Corte que debe abstenerse de resolver la causales de improcedencia 11/2010 –interpuesta por el PAN-, y las acumuladas 12/2010 y 13/2010 –del PRD y Convergencia, respectivamente-.
Narváez compró la idea, sugerida por el magistrado local Pedro Enríquez, de que la nueva Sala Constitucional Electoral –esa entelequia- del Tribunal Superior de Justicia de Nayarit es la instancia legitimada para conocer de este tipo de controversias, y que un memorándum del Congreso provocaría que la Corte se abstuviera emitir un veredicto remitiendo las actuaciones al Poder Judicial de la entidad.

EXTEMPORÁNEO E IMPROCEDENTE
El tratamiento que los Ministros le dieron al citado memorándum confirma la idea de que los poderes públicos nayaritas se siguen inspirando en criterios jurídicos extraviados, ajenos a la pertinencia y la razón. Incluso, al talento.
Los señores Ministros dejaron en claro que la promoción del Congreso se hizo de manera extemporánea, y que además ni siquiera entraron al estudio de la petición desesperada –el asunto ya estaba listado, listo para resolución-, dado que en materia electoral la Constitución General de la República faculta a la acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte –y no ante algún Tribunal local- como la única vía de impugnación, lo cual constituye una excepción a la regla.
Si quien concibió este memorándum quería exhibir al Congreso, lo logró. Los argumentos vertidos en la sesión del Pleno del jueves 26 de agosto deberían avergonzar a los abogados que redactaron la extravagante petición.
De hecho, cuando esta “estrategia” de defensa jurídica circuló en los pasillos del palacio legislativo, no pocos abogados al servicio de los diputados locales expresaron su extrañeza.
Trascendió incluso la molestia mayúscula del diputado Narváez, una vez conocido el desdén con que fue tramitado el famoso memorándum. Y es que seguramente le vendieron otra idea.

LOS EXPERTOS, DESDE LEJOS
Ese es el problema del monopolio de la opinión jurídica a nivel local. Las autoridades han endosado en un grupo de 3 o 4 profesionales del Derecho la potestad de concebir las “soluciones” jurídicas que reclama Nayarit. Y hete aquí que en su engolosinamiento han producido una serie de instituciones estrafalarias que nadie solicitaba –como un Pleno de 17 magistrados, como el “amparo local”, como un capítulo de Derechos fundamentales en la carta local o elevación de los programas masivos a rango constitucional-.
La reforma electoral fue el preludio a la cereza en el pastel: el famoso memorándum del Congreso que resultó tan inocuo como los otros productos jurídicos concebidos del 2005 a la fecha.
Verdaderos expertos en cuestiones de Derecho local –Joel Rubén Cerón Palacios, Alfonso Nambo Caldera-, con el plus de ser doctos procesalistas, a diferencia de los teóricos nuevos magistrados, seguramente deben estarse riendo de lo lindo al conocer tantos yerros que alimentan el anecdotario jurídico de Nayarit.
Pidamos, vía Ley de Transparencia, una copia de esa joya, de este memorándum que no pegó.

DE BUENA FUENTE: La declaración pública del Tribunal Superior de Justicia a favor del paquete de iniciativas anunciadas –unas- y sugeridas –otras- el miércoles pasado por el gobernador Ney González no es mas que una expresión que simboliza la reedición de los viejos tiempos.
Mal operado el asunto, por supuesto, pues ni siquiera el PRI tuvo un gesto de apoyo tan elocuente y desmesurado.
Con este tipo de adhesiones estridentes y poco republicanas se inaugura el preámbulo a la designación del nuevo Presidente del Tribunal, que será –sin dudarlo- un fidelizado.