Llega el año electoral y los apetitos ciudadanos empiezan a llegar a los war room de los aspirantes. Uno de los temas que más entusiasman a los equipos que rodean a los posibles sucesores de Ney González es la necesidad de cincelar una nueva reforma judicial que responda a los intereses legítimos de los justiciables.
En diciembre pasado se cumplió un año de la integración de un nuevo Pleno, con 17 magistrados –uno más que los que tiene el estado de Nuevo León-, y los resultados operativos de esta propuesta no han dejado satisfecho a nadie.
Todas las bondades que se comentaban en las tarjetas informativas que circularon en Palacio y en Casa Nayarit quedaron en letra muerta, demagogia. En el papel, por ejemplo, resultaba muy atractivo darle a los nayaditas la posibilidad de promover amparos locales. Hasta donde sabemos, este instrumento ha sido olímpicamente desdeñado por los ciudadanos.
Una vez más, ha quedado acreditado que no siempre las preocupaciones de corte académico –como esa entelequia del amparo local- están en consonancia con el clamor popular. Al autor de la reforma judicial, Pedro Enríquez, habrá que cargarle este yerro ahora. Sus “soluciones” han sido absolutamente desdeñadas por el foro de litigantes de la entidad.
EL TEMA, EN
Los consiglieri de varios políticos deseosos de llegar a la gubernatura han pulsado la opinión de no pocos abogados, servidores públicos judiciales y gente común que sigue sufriendo juicios aletargados.
Recientemente, los nuevos magistrados retomaron la propuesta de impulsar los juicios orales, cuando parece que la dinámica social muestra un desfase ya. Hay la idea de que este tipo de procesos generan impunidad. Basta con que se pregunta la experiencia que han dejado en Chihuahua para entender que se necesita construir una propuesta autóctona de mejora al Tribunal de Nayarit escuchando a los nayaritas. Basta ya de incorporar a la legislación local figuras ajenas a nuestra realidad.
Pero precisamente eso es lo que Pedro Enríquez, cuando subsecretario de asuntos jurídicos, nunca hizo. Su tendencia a hacer del “copy and paste” un sustituto de esquemas de auscultación a los ciudadanos, nos llevó a los nayaritas a atestiguar el nacimiento de figuras jurídicas extravagantes como ese Pleno de 17 magistrados que lacera tanto al erario como a los contribuyentes.
Hubo tan poco cuidado en legitimar la reforma judicial de hace 13 meses, que no tuvieron empacho los beneficiarios de ésta en autorizar la modificación constitucional para poder cobrar su salario como docentes en
LO IDÓNEO: AUSCULTAR A LOS NAYARITAS
En la dinámica política de Nayarit, los meses previos a las elecciones son los idóneos para que fluyan inconformidades y anhelos que por mera prudencia o conveniencia se mantienen en estado latente durante meses o años.
Así, pronto veremos foros, discursos, diálogos y compromisos de campaña en los que se plasmará la urgente necesidad de rediseñar el Poder Judicial de Nayarit, pues la obesidad súbita del Pleno ya demostró su completa ineficacia. Los juicios civiles, familiares y penales (los procesos mercantiles se rigen con legislación federal) siguen siendo tan tortuosos como antes. Miles de justiciables esperan meses para que lleguen las resoluciones.
No se debe que repetir el error de Pedro Enríquez. No hay que voltear a otras legislaciones estatales, ni a los debates académicos. Los candidatos a la gubernatura –y a otros cargos- deben sentarse a escuchar a la sociedad. Esta será siempre sabia.
Ojalá que las reformas constitucionales y legales, a partir del 19 de septiembre del 2011, se lleven a cabo mediante mecanismos de participación de los gobernados, sin reparar en las disquisiciones de los doctos o en la soluciones foráneas para contextos diversos al nuestro. Para ya no regarla, pues.
Pero es un hecho, de que habrá una nueva y legitimada reforma judicial, la habrá.
DE BUENA FUENTE: Trascendió que quedó acéfalo el Servicio Estatal del Empleo, aunque no se dio a conocer en los anuncios del pasado 6 de enero. Su titular, Lourdes Acosta, al parecer se encuentra en
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